La plantilla de este departamento penitenciario en Algeciras está compuesta por 12 efectivos, lo cual quiere decir que por cada 100 condenados a trabajos para la comunidad tan sólo cuentan con un trabajador que gestione los casos.
Además, según resaltó Soto, estos funcionarios tienen que hacerse cargo de las llamadas “demandas internas” del centro penitenciario, es decir, las necesidades surgidas a los 1.800 presos de la cárcel desde el punto de vista social. Las derivadas del control y seguimiento de las penas alternativas a la privación de libertad -internos en tercer grado y en libertad condicional. son consideradas demandas externas.
La llegada del Centro de Inserción Social (CIS) de Botafuegos está llamada a paliar parte de este problema, si bien aún no cuenta con un director ni un personal específico asignado que sea independiente al de la cárcel de Botafuegos.
Caos
El caso de Algeciras fue citado por Soto como ejemplo de la “situación caótica” que se vive en los servicios penitenciarios de tipo social a nivel andaluz. Con el sistema legislativo actual se propone simplificar la regulación de las penas privativas de libertad, ampliando, a la vez, las posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurídicos menos básicos.
El actual Código Penal atribuye a la Administración Penitenciaria mediante los servicios sociales penitenciarios el seguimiento de la ejecución de las penas de trabajo en beneficios de la comunidad sin remuneración (reparación de daños causados o apoyo y asistencia a las víctimas).
Según CSI-CSIF, actualmente hay “un desbordamiento absoluto” de los servicios sociales, dado en el “importante volumen” de penas en beneficio de la comunidad que tienen que gestionar y la ausencia de plazas, detallando que a nivel andaluz y a primeros de año, habían llegado a la administración penitenciaria unas 40.000 condenas y sólo 12000 plazas.
Soto se lamentó de que ello “está motivando que un importante numero de condenados no cumplan sus condenas” o que el cumplimiento “se este llevando a cabo simultáneamente con el de penas de privación de libertad”.
CSI-CSIF manifestó su preocupación ante las declaraciones de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, “abogando por ampliar la plazas en las prisiones andaluzas para que determinados infractores, como los de tráfico, realicen trabajos comunitarios”.
