Los temas relacionados con la administración de justicia, seguridad pública, actividad económica, sanidad, empleo y educación centraron el grueso de las quejas, individuales y agrupadas, ante el Defensor del Pueblo durante 2015, que caen un 23,13 por ciento respecto al año anterior hasta las 17.822.
Así lo refleja el informe anual de la institución dirigida por Soledad Becerril, que ha presentado ante las Cortes Generales este jueves 25 de febrero. Además de las quejas, el documento da cuenta de las actuaciones de oficio abiertas a iniciativa de este organismo durante 2015, que ascienden a 522 (un 6,7% más que en 2014), a las que hay que añadir los 123 escritos de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional, que se han reducido a más de la mitad respecto a hace un año, cuando se presentaron 289.
En total, por áreas, las quejas, actuaciones de oficio y solicitudes de interposición de recurso ante el TC en 2015 sobre administración de justicia ascienden a 1.902. Le siguen las relativas a la seguridad pública (1.798); actividad económica (1.769); sanidad (1.465); empleo y seguridad social (1.233); educación (1.202); impuestos (1.136); función y empleo público (1.117); política social (917); migraciones (882); centros penitenciarios (465); medio ambiente (446); vivienda (365); urbanismo (357); administración local (239); igualdad de trato (119); prevención de tortura (106); y 'otros ámbitos' (2.436).
Como consecuencia de estas quejas, la institución formuló 1.503 resoluciones de las que 706 eran recomendaciones, 613 sugerencias y 184 recordatorios de deberes legales. El 42% de todos estos requerimientos fueron aceptados, el 13,2% se rechazaron y el resto, seguían pendientes al cierre del año pasado.
Por comunidades autónomas, el informe explica que las cifras están muy vinculadas al volumen de población, aunque también a la existencia o no de un defensor del pueblo autonómico. Madrid el lugar desde donde más se interpusieron, 4.899; seguida de la Comunidad Valenciana, con 2.266; Andalucía, 2.173; Cataluña, 1.542; Castilla y León, 972; Castilla-La Mancha, 839; y Galicia, 731.
En cuanto a la forma de presentación de las quejas, los ciudadanos optaron en un 35,3 por ciento de los casos por rellenar el formulario disponible en la web de la institución, dos puntos más que un año antes. El 31,39% la remitieron por correo postal, cuando en 2014 esta vía se utilizó en el 38,9% de los casos. Subió, por contra, el correo electrónico, que ya supone el 25,71%, frente al 15,08% del año anterior.
ADMINISTRACIONES QUE NO COLABORAN
Por otra parte, el informe revela que el Defensor redujo de 36 a 29 días el tiempo medio que tarda en dar su primera respuesta al ciudadano. Sin embargo, las administraciones públicas tardaron más que un año antes en contestar a los requerimientos de la institución: 85 días de espera media frente a los 71 que marcaban en 2014. La más lenta es la administración autonómica, que se demora 97 días de media.
Sin embargo, no todas las instituciones colaboran y de hecho, el Defensor del Pueblo denunció el año pasado al Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barcelona) ante la Fiscalía por negarse explícitamente a hacerlo. Sin llegar a esta situación pero señaladas como "entorpecedoras" de su labor, constan 38 administraciones locales y los gobiernos autonómicos de Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Madrid y Asturias.
"Se conocen las carencias y falta de medios materiales y humanos de los pequeños municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar la información requerida; pero ello no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo", dice el informe.
En total, la institución manejó el año pasado un presupuesto de 13,9 millones de euros, el mismo que en 2014 cuando por primera vez en cuatro años la Oficina del Defensor del Pueblo no sufrió ningún recorte. Del montante, 11,6 millones de euros se fueron en gastos de personal y 2,1 millones en gastos corrientes, bienes y servicios.
