Desde hace décadas, la Organización Mundial de la Salud ha alertado en sus diferentes informes de la relación existente entre la exposición de fibras de amianto en el aire y la aparición de diversos tipos de enfermedades como el cáncer de pulmón, cáncer de pleura, cáncer de laringe, cáncer de ovario o la fibrosis pulmonar, ente otras. Y aunque desde el año 2005 está prohibido producir, comercializar e instalar amianto en centros públicos, todavía a día de hoy existen varios centros educativos donde hay techos, canalizaciones y otros elementos de construcción de este material, entre los que encontramos: el CEIP Lomopardo, el CEIP San Juan de Dios y el colegio La Salle Buen Pastor, de Jerez de la Frontera; el IES José Cadalso, de San Roque; el CEIP Reggio, de Puerto Real; el CEIP Luis Ponce de León y el Pedro Antonio de Alarcón, de Rota; el CEIP Raimundo Rivero, de San Fernando; y el Colegio San Felipe Neri, de Cádiz. "En estos centros, se podría estar exponiendo a alumnos/as, profesores/as y demás trabajadores/as de los centros, a un riesgo para su salud a todas luces innecesario. Un riesgo del que las distintas administraciones serían co-responsables, puesto que, tienen conocimiento de que el amianto es ilegal en España desde 2002 y no han puesto los medios necesarios para su retirada", así lo exponen en un comunicado desde Ganemos Jerez, cuyo grupo provincial llevará al Pleno de Diputación una propuesta para que se realice un informe sobre la presencia del amianto en edificios públicos y privados de la provincia, en el que se incluya un inventario exhaustivo de los centros educativos expuestos a este. La idea es realizar, junto a las administraciones y entidades responsables, un calendario de actuaciones para la retirada urgente de estos peligrosos elementos constructivos.
Ganemos Jerez y Sí Se Puede Cádiz quieren avisar que han sido las propias familias (a través de las AMPAS) y el área de enseñanza de USTEA, las que han pedido en varias ocasiones la retirada del amianto de sus centros educativos, sin que las administraciones responsables dieran una respuesta convincente. "Por ello, es necesario articular una respuesta urgente, coordinada y responsable de las instituciones, porque las cuestiones de salud deben ser una prioridad para la provincia."
