Los comités de empresa de los centros de Navantia en Cádiz, San Fernando y Puerto Real han exigido responsabilidades por la "caótica gestión" de la empresa, que ha arrojado "pérdidas de 167 millones" en el balance y la cuenta de resultados del ejercicio de 2015 presentados en el Consejo de Administración.
En un comunicado conjunto, los representantes de los trabajadores de los astilleros gaditanos han calificado de "brutal" la cifra de pérdidas, que "bate todos los récords habidos y por haber en la historia de esta empresa".
"Independientemente de cómo algunos lo pretendan vestir, los datos son claros y rotundos. Una radiografía de la realidad de la empresa desde el punto de vista económico y financiero, que no hace sino corroborar la situación crítica y preocupante que venían denunciando desde hace meses los comités de empresa", han enfatizado.
A dicha situación se une "el deterioro de la organización industrial y laboral de la empresa", más allá de la "nefasta gestión de sus máximos responsables, el presidente, los actuales gestores que le acompañan en este fracaso anunciado y el cúmulo de despropósitos a los que hemos asistido en los últimos años".
Desde la representación de los trabajadores se exige que asuman las responsabilidades de su "caótica" gestión al frente de esta empresa y que, "desde la coherencia, adopten decisiones acordes con los resultados obtenidos en dicha gestión, que no hizo sino llevarnos a una situación insostenible".
En su opinión, esta situación "exige a gritos una serie de actuaciones inmediatas" para resolver los "problemas estructurales" que padece la empresa "en un marco de negociación con los trabajadores".
Así, los comités de las factorías gaditanas han exigido al Gobierno y a la SEPI "la autorización a la empresa para la presentación del Plan Industrial para la inmediata apertura de la negociación con la representación social. Plan que aborde cuestiones vitales para su continuidad como grupo de construcción, reparaciones y sistemas navales".
Entre sus reivindicaciones, han citado "carga de trabajo para todos sus centros garantizando así el empleo en las comarcas donde se asientan los mismos, rejuvenecimiento de las plantillas que palíe los desequilibrios actuales de las mismas y la avanzada edad media que ostentan, saneamiento económico y financiero a través de una inyección de capital que garantice su sostenibilidad".
También reclaman un plan de inversiones en I+D+I, modernización de las instalaciones, programas de formación permanente para intensificar la cualificación de los trabajadores, regulación de la industria auxiliar garantizando al máximo la estabilidad de los trabajadores, respeto a la igualdad de oportunidades, transparencia en las contrataciones del personal y marco único de relaciones laborales que englobe a toda la plantilla "sin excepción".
