Una familia compuesta por dos adultos, uno de ellos con un 50 por ciento de minusvalía, y dos menores, están a la espera de que se produzca el lanzamiento de la finca donde residen en régimen de alquiler por “falta de pago y reclamación de rentas”. La fecha dada por el juzgado es el 24 de mayo, aunque previamente, a finales de este mes está previsto el juicio.
Dicho lanzamiento se puede evitar con el pago de la deuda que asciende a 818 euros. Se trata de un núcleo familiar con muchos problemas y que se encuentra en exclusión social.
Los hechos se remontan a finales de octubre, cuando esta familia cambia de casa de alquiler porque el inmueble se encontraba en malas condiciones urbanísticas, según explican en su relato. Esta familia es usuaria de las ayudas municipales al alquiler, alcanzando estas el 90 por ciento. El 10 por ciento restante lo abona la familia afectada.
La situación se complica cuando, según la denunciante, "el pago del primer mes de alquiler en la nueva casa se gira al propietario de la vivienda donde residieron hasta finales de octubre". Según explica uno de los adultos "ese pago se realiza de manera sistemática desde los Servicios sociales del Ayuntamiento". Ahora "dicho mes se adeuda al actual arrendatario, así como el pasado mes de marzo que aún no se ha abonado", según explica esta persona.
La familia fue en la mañana del martes a hablar con el alcalde de la ciudad, José María González, para explicarle lo sucedido. Asimismo, acudieron a Procasa para pedir la instancia para un abogado de oficio ante el aviso de desahucio.
Cuando acudieron a la asistenta social se les ofreció que “Servicios Sociales asumiría excepcionalmente el pago de la deuda”, pero con unas condiciones: la devolución de 350 euros del mes de diciembre a la cuenta del Ayuntamiento mediante el pago de 50 euros mensuales, y en caso de no pagarle se le deduciría de su porcentaje de ayudas”.
Los afectados no aceptan esta propuesta porque dicen que "el dinero que se adeuda es dinero que se entrega desde Servicios Sociales al arrendatario, no es un dinero que dependa de nosotros”.
Por su parte, el Ayuntamiento al consultarles por la situación se indicó que “se está estudiando el caso y viendo una solución” para esta familia. Los afectados confían en que el Gobierno local les ayude.
