El TSJA admite el recurso de JeC contra el PGOU

 La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso que Jaén en Común (JeC) ha presentado contra el documento de revisión del PGOU de la capital.
El portavoz de JeC, Manuel Montejo, informó en rueda de prensa que con esta iniciativa ante los tribunales pretenden la anulación del PGOU y abrir un proceso de diálogo y participación real de toda la ciudad sobre cuáles son las necesidades. “El recién aprobado PGOU responde a intereses privados y no al conjunto de la ciudadanía”, dijo Montejo, que compareció acompañado de Jaime Doreste, representante del gabinete jurídico que llevará a cabo todo el proceso, y de Miguel Quesada, de la Comisión de Programa de JeC. Tanto Montejo como la otra concejal de JeC, María Dolores Nieto, recordaron que la decisión tomada va en sintonía con los planteamientos de su grupo, ya que entienden que el PGOU es una simple “declaración de intereses privados para continuar apropiándose de los recursos humanos y económicos de Jaén”.
Para JeC, elaborar de una vez un PGOU para todos significa “devolver la ciudad a los vecinos y al Ayuntamiento la capacidad de actuar en la ciudad para mejorar sus vidas” y eso pasa por “un modelo de ciudad compacta que cuida y mejora lo que ya tiene, equilibrando sus barrios y sin abandonar a nadie”.
En este sentido mantuvieron que el urbanismo, para ellos,  tiene que garantizar los derechos de sus habitantes y no ponerse al servicio de los intereses mercantiles que Jaén en Común considera que se han apropiado la ciudad.
“Solo si rompemos con ese círculo vicioso de endeudamiento municipal y actividades privadas especulativas, podremos poner en marcha esta ciudad”, arguyó Manuel Montejo.
Por su parte, la concejal de Servicios Técnicos Municipales e Imefe, Rosa Cárdenas, calificó de “surrealistas” las trabas que PSOE y JeC están poniendo al PGOU. “El PGOU fue aprobado y pasó todos los controles de legalidad tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, que es la que finalmente procedió a su aprobación definitiva y entrada en vigor”.