Los otros “fallos” de la justicia en la provincia

Hacer frente a la saturación de la justicia con más medios humanos y organizativos y promover la concentración de las sedes judiciales en un mismo lugar para facilitar el servicio a los ciudadanos y letrados son dos de las reivindicaciones fundamentales de los abogados de la provincia. Así lo han señalado a este diario varios representantes del Colegio de Abogados de Cádiz y de Jerez.

A nivel general, el Decano del Colegio Provincial de Abogados de Cádiz, Pascual Valiente Aparicio, destacó que la principal reivindicación de la Abogacía es “contar con una administración de justicia eficaz, para que los justiciables, que son nuestros clientes, vean tutelados sus derechos y libertades cuando son defendidos por los abogados, los únicos profesionales a quienes de manera exclusiva la Ley confiere el ejercicio del derecho de defensa”.

Para que la administración de justicia sea así, el representante del Colegio calificó como fundamental contar con los medios materiales y humanos necesarios para que la justicia se imparta en un tiempo razonable. En cuanto a las necesidades del Colegio, indicó que “éstas son realmente las de nuestros colegiados, a los que el Colegio debe prestar los servicios que les permitan ejercer su profesión en las mejores condiciones, encauzando sus demandas”.

Preguntado sobre la situación de los pagos a los abogados de oficio, Pascual Valiente precisó que “afortunadamente en los últimos meses la Junta de Andalucía viene abonando la retribución por Turno de Oficio y Asistencia a Detenidos conforme al calendario de pagos consensuado con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados”.

Añadió así que “en esta cuestión nos podemos sentir satisfechos, ya que el período de tiempo transcurrido entre la justificación del trabajo desarrollado y el abono es adecuado a su tramitación”. En cuanto a las novedades en este campo, hizo referencia a que actualmente existe una mesa de negociación entre el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para la revisión de los baremos (módulos por los que se abona a los representantes legales la intervención en cada asunto).

El decano espera que en breve pueda cerrarse un acuerdo “para recuperar el porcentaje que nos redujeron hace unos años”. Argumentó en este punto que “para la Abogacía no es solo una cuestión económica, sino de exigencia del reconocimiento de nuestro trabajo, de nuestra dedicación y empeño, que debe retribuirse dignamente”.

Otro de los asuntos que provoca quejas entre la ciudadanía es el de la saturación de la justicia. Acerca de esta problema, Valiente Aparicio  expuso que  afecta muy directamente al colectivo de abogados y al propio ciudadano: “siempre se ha dicho que una Justicia lenta no es Justicia”. El caso más llamativo para el representante del Colegio de Cádiz se encuentra en los Juzgados de lo Social y de lo Mercantil, “donde los procedimientos se eternizan, con demoras para la admisión a trámite de una demanda, señalándose los juicios a dos años vista”.

En cuanto a la valoración de las instalaciones de los juzgados ubicados en Cádiz, el decano opinó que “evidentemente es negativa, tanto por la dispersión como por la funcionalidad de las sedes”.
Citó dos ejemplos. Uno de ellos, el edificio de los Juzgados en Los Balbos, se encuentra, bajo su punto de vista, “totalmente obsoleto, incapaz de ofrecer un espacio adecuado donde trabajar, así como donde atender a los ciudadanos.

El otro es el de los Juzgados de Lo Penal situados en el Estadio. “Tienen serios problemas de espacio y no cuentan con sala de togas para los abogados”, apreció. También tachó de inadmisible la situación de la Comisaría de Policía de Cádiz, “no solo porque la sede provisional claramente no es adecuada para ello, sino fundamentalmente por la carencia de calabozos, obligando a que los detenidos estén alojados en la de San Fernando, con graves trastornos por los traslados y retrasos en la puesta a disposición de los mismos ante el Juzgado”.

Campo de Gibraltar

Por su parte, la sede del Colegio de Abogados de Cádiz en el Campo de Gibraltar, según analizó su delegado, Alberto Ibars, destaca por su carácter fronterizo, lo que influye en el tipo de casos que se llevan ante la justicia. Los sumarios abiertos por contrabando, narcotráfico, o por asuntos relacionados con extranjería son algunos de los procesos citados por Ibars.

Una de las primeras consecuencias de esta situación es que el nivel de diligencias penales es muy alto. “Por el sistema de distribución que tiene la Junta de Andalucía a la hora de asignar los letrados de oficio, debería corresponder  una cuota de tres detenidos por colegiado en guardia. En vez de tener el número de letrados que nos corresponde, que son 8 al día, tenemos 5”, subrayó. Valoró así Ibars estas circunstancias como “mermas importantes” del servicio.

Además, detalló el delegado que este servicio legal se tiene que prestar en un plazo máximo de tres horas, según la reforma de la ley. “Esta es una de nuestras grandes reclamaciones”, manifestó.
Otra reclamación importante de los abogados del Campo de Gibraltar se da en el campo de Extranjería. “Éste es el único partido judicial que tiene un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en toda Andalucía. Se producen muchas incidencias específicas del CIE así como en Extranjería que el reglamento general de Andalucía no cumple”, agregó el representante comarcal.

Puso el ejemplo de que Algeciras tiene que atender una serie de prestaciones y asistencias en los CIE que no solamente no están contempladas, sino que no se abonan por parte de la Junta de Andalucía.
En este contexto, Isors solicitó que se dedicaran medidas y recursos especializados a esta zona para atender casos como los de los refugiados y las peticiones de asilo político, muy ligados a este enclave.
“Además de que tenemos pocos letrados, que tienen que atender temas penales y de extranjería, tenemos que desviar a este tipo de atención tan especializada que la Junta de Andalucía no cubre específicamente, lo que nos produce una merma importante”, incidió.
Ibars propone a la Junta en este punto una regulación específica para Algeciras por sus circunstancias geográficas excepcionales.

También en el Campo de Gibraltar se da el caso de la dispersión de los centros judiciales. Se va a paliar en parte, según matizó, con la instalación de los juzgados de Lo Penal y de Menores en el edificio de la Audiencia Provincial.

No obstante, expuso que es necesaria una Ciudad de la Justicia de Algeciras, e incluso para todo el Campo de Gibraltar. “Sería lo normal porque así se racionaliza el servicio, tienes servicios comunes establecidos, en definitiva, haces esta unificación de servicios que a día de hoy no se está produciendo”, dijo. Como muestra, recordó que existen cuatro emplazamientos judiciales en Algeciras: el Juzgado de Marzales (caso penales), El Juzgado de Menores y Vigilancia Penitenciaria, Audiencia Provincial, y el Palacio de Justicia. “Esto para los abogados que tengan que hacer distintas gestiones judiciales es una locura”, apostilló.

En definitiva, resumió como peticiones principales crear la Ciudad de la Justicia, un estatuto para la asistencia jurídica propia de la comarca, así como que se reconozcan las peculiaridades de esta zona, con el objetivo de que se dediquen más recursos y medios a los casos específicos de un enclave fronterizo. para Ibars, la singularidad y la peculiaridad de este punto de la provincia hace que las causas se acumulen mucho tiempo para los juzgados y el ministerio fiscal. Por lo tanto, según Ibars, “haría falta un mayor número de juzgados para hacer frente a este tipo de causas”. Ya entrando en el ámbito laboral, lamentó que hay ejecuciones aún sin materializarse y “personas sin cobrar su dinero legítimo de despidos, de horas extraordinarias, 

Igualmente, abogó Ibars por el impulso de un juzgado de familia como el que existe en Jerez para facilitar también la especialización de los magistrados. En cuanto a los retrasos, el decano reconoce que hay ciudadanos que dudan de si iniciar o no recursos judiciales ante la tesitura de la demora en las ejecuciones judiciales.

Jerez

El Colegio de Abogados de Jerez, por su lado, lanza dos reivindicaciones principales: una justicia más rápida y un Palacio de Justicia que centralizara todos los órganos judiciales. Otra de las reclamaciones, según el decano de Jerez, Marcos Camacho O’Oneale, es que se unifiquen los sistemas informáticos en toda España.

También se consideró importante que en la justicia gratuita se estableciera un sistema de pago automático.

Es decir, que para el Colegio de Abogados, en vez de esperar a las liquidaciones trimestrales, se buscara un sistema de pago por servicio terminado, ya que lamenta que haya ocasiones en que se tarden seis meses de media en percibirse los emolumentos por el trabajo desde que se inicia éste.

Camacho también hizo referencia al compromiso de la Junta con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. “Tengo que decir que ahora mismo se está al día, que se está cumpliendo con ese pago, pero, desde que nosotros liquidamos hasta que ellos fiscalizan el pago tardan seis meses”, recalcó.

Respecto a las esperas por la acumulación de diligencias judiciales, Camacho reseñó que “a los abogados lo que le interesa es que la justicia sea rápida, pero desgraciadamente, la saturación de la justicia, la falta de órganos judiciales y de personal, la necesidad de más magistrados, hace que la demora en la celebración de los causas y el dictado de las sentencias se dilate mucho en el tiempo”.

Paralelamente, deseó una mayor colaboración con la Junta de Andalucía en la formación de los abogados del turno de oficio.