El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha defendido este lunes que "siempre" actuó "con total transparencia" como delegado de Economía e Innovación de la Junta en Granada y ha confiado en "aclarar" todo ante el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que lo ha citado a declarar como investigado al entender que como delegado de la Junta "habría efectuado la ilícita contratación" de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los Cursos de Formación Profesional para la Economía Social en esta provincia durante los ejercicios 2010 y 2011, todo ello "de forma injusta y arbitraria".
En declaraciones a los periodistas a su llegada a los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla, Cuenca ha puesto de manifiesto que "no hay nada que ponga en duda" su "honestidad" ni hay "nada que esconder", ya que "siempre" actuó con "total transparencia", por lo que ha confiado en "aclarar esta situación y seguir trabajando por cambiar Granada".
En este sentido, ha señalado que se trata de "cuestiones meramente administrativas" y ha aseverado que, en este caso, "no hay nada de corrupción". "No se está cuestionando el buen uso del dinero público ni que se haya perdido dinero ni que nadie haya metido la mano", ha indicado el primer edil.
Tras subrayar que se trata de una denuncia interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Cuenca ha abogado por "declarar lo antes posible, aclararlo y volverme a Granada a seguir luchando y mejorando Granada".
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado relata que en los ejercicios 2010 y 2011 se llevó a cabo la adjudicación directa de los servicios a través de dos instrumentos calificados como 'Memoria Justificativa', "articulados como un contrato menor de servicios, y en los que no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados, sin que conste como tal el contrato administrativo, concertándose ambos de manera fraccionada y consecutiva".
Según precisa, el contrato menor correspondiente al ejercicio 2010 tendría un valor económico de 12.412 euros (IVA incluido) y el de 2011 de 12.000 euros (IVA incluido), "atribuyéndose así la detentación de funciones públicas a las empresas contratistas 'Eca Grupo Bureau Veritas' (2010) y 'CRL Consultores y Asesores Asociados, S.C.A.' (2011) de forma injusta y arbitraria".
A juicio del juez, esta "detentación" se habría materializado en el empleo de documentación administrativa "consistente en modelos de Actas e Informes oficiales, posteriormente presentados ante la Administración por las entidades contratistas en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas".
Además de al alcalde de Granada, el juez ha citado a declarar como investigados entre noviembre y diciembre a otros nueve ex altos cargos de la Consejería de Economía e Innovación, como son la exjefa de servicio de Economía Social de la Delegación Provincial de Málaga Marta González del Valle; la ex secretaria general de la Delegación de Málaga Isabel Gálvez, y el exjefe de servicio de Economía Social de la Delegación de Jaén Miguel Ballesta.
Asimismo, y tras la denuncia interpuesta por el SAF por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación, el juez ha citado como investigados a los que fueran jefes de servicio de Economía Social en las delegaciones de Sevilla, Carmen Béjar; Huelva, Luis Felipe Solana, y Córdoba, Damián Cánovas, así como a los ex secretarios generales de la Delegación de Cádiz Julio César Fernández y Rafaela María Repullo y a la exdelegada del ramo en Cádiz Angelina María Ortiz.
