La razón principal: hay muchos agentes que ganan más dinero de la cuenta. Incluido el Estado, que se lleva más del 20 % de lo que pagamos (5,11 % del “impuesto de la electricidad” y el 21 % del IVA). Por supuesto, las empresas generadoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras también se llevan lo suyo.
Es evidente que el ministro es un cínico –cuanto menos- puesto que si quisiera que la electricidad no subiera sólo tendría que reducir alguno de estos impuestos, y está en su mano hacerlo. Que no diga que “el recibo de la luz (parece mentira que el ministro de Energía llame luz a la electricidad) será 100 euros al año más caro”. Será porque él quiere.
El precio final de la electricidad es el resultado de muchos factores y no es el principal el llamado “precio de mercado”, del orden de 60 € el MWh (megavatios hora) (0,06 €/kWh). Ese precio es el punto de partida y se decide en una especie de subasta en la que intervienen los compradores (comercializadoras) y los vendedores, que son los productores de electricidad. Ese proceso lo controla una empresa privada, OMIE, siguiendo unas normas previamente establecidas por la ley. A ese precio se le van sumando diversos apartados (llamados eufemísticamente “peajes”), que lo van engordando hasta llegar al que pagamos los consumidores.
En un recibo “normal” (el mío último) lo que he pagado por 830 kWh en dos meses se desglosa así:
- Energía eléctrica propiamente dicha: 67,26 € (45,53 %)
- Cuota de potencia: 22,61 € (15,31 %)
- “Peajes”: 24,56 € (16,63 %)
- Impuestos: 5,11 % + 21 % (IVA): 5,85 + 25,64 = 31,49 € (21,32 %)
- Alquiler del contador (anacronismo sin sentido): 1,8 € (1,22 %)
- TOTAL: 147,72 € (17,8 €/kWh)
Al margen de otras consideraciones como por qué los 830 kWh cuestan 67,26 €, el Gobierno puede intervenir en los peajes y en los impuestos. La cuota de potencia es otra forma de peaje que cobran las distribuidoras sin justificación clara.
Además de los peajes lo más “sangrante” es la subasta (pool en la jerga del sector) por la que se fija el precio de la electricidad. Ahora el precio horario se fija por la casación de la oferta (vendedores) y la demanda (compradores).
Las empresas ofertan la cantidad de electricidad que pueden proporcionar al sistema las 24 horas siguientes a la de la sesión de que se trate. Algunas de estas ofertas son a cero euros por diversas razones (la nuclear, porque no paran las 24 horas y tienen que generar de forma continua; las renovables, porque por ley entran las primeras en el sistema; las grandes hidráulicas, porque les cuesta muy poco generar (CNE dice que a 3 €/MWh), y le siguen los otros ofertantes al precio que estiman que cubren sus gastos y los beneficios que pretenden obtener. Los últimos son los ciclos combinados de gas natural, los más caros.
Por otro lado están los compradores. Las comercializadoras empiezan ofreciendo compras al máximo permitido (180 €/MWh) porque tienen que asegurarse la electricidad para sus clientes. Saben que la casación se producirá a mucho menor precio. Les siguen otros consumidores (industrias, etc.) que proponen precios más bajos, acordes con sus capacidades y sus tácticas de compra.
Cuando se cortan las dos curvas se tiene la casación, que fija el precio para esa hora. Dado que se sigue el modelo “marginalista”, este precio es el que se paga a todos los que han ofertado (lo hayan hecho a cero euros o a más) y el que se cobra a todos los consumidores (comercializadoras o no).
Con este procedimiento se produce el fenómeno llamado “windfall profit” o “beneficios caídos del cielo”: la diferencia entre lo que les ha costado a las empresas generar la electricidad y lo que el sistema les paga. A título de ejemplo, las nucleares y las grandes hidroeléctricas recibieron 18739 millones de euros entre 2006 y 2010 por este concepto; es decir, del orden de 3747,8 millones de euros/año.
Sin este “pago” no hubiera habido el tan cacareado déficit de tarifa, del que se culpaba a las primas a las renovables. Para quitar este despropósito se tendría que cambiar el sistema de valoración de la electricidad, vigente desde 1998, con Aznar de presidente. El Gobierno anterior a éste tuvo una buena oportunidad de cambiarlo en su ley de Reforma del sistema eléctrico de 2013, pero no se hizo así y sigue en funcionamiento el mismo sistema.
Si la electricidad sube es porque el Gobierno no actúa para que esto no ocurra. Y no se puede culpar a que no haya viento -que sí ha habido y mucho- o agua en los embalses -la hay, en unos más que en otros-. Espero que este nuevo Congreso obligue al Gobierno a aclarar las cuentas de la electricidad y que las sepamos todos.
