Según comentó el edil delegado de Patrimonio, Gabriel Orihuela, en el dispositivo desplegado ayer intervinieron las delegaciones municipales de Patrimonio, Protección Ciudadana y Salud y Consumo.
El primero de los expedientes hace referencia a una parcela de 45.000 metros cuadrados, cuyo usurpador acudió al juzgado para solicitar su titularidad, “que le fue negada por el órgano judicial”. Tras ello el Ayuntamiento abrió el proceso de recuperación de oficio. Esta persona recurrió el acuerdo plenario por el que se iniciaba ese procedimiento pero no solicitó la paralización del acto administrativo, por lo que el Consistorio ha procedido ya a retirar el vallado exterior de la parcela.
Los otros tres casos han sido detectados por la Policía Urbanística, constatando la existencia de vallados, cobertizos para animales y construcciones incipientes. Se procedió a la apertura de los correspondientes expedientes de recuperación de oficio, dándose el caso de que dos de los usurpadores eran desconocidos, por lo que los decretos de Alcaldía fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) sin que se produjesen alegaciones. Acto seguido se iniciaron las actuaciones contempladas en el Reglamento de Bienes.
Parcelas
Estas dos usurpaciones corresponden a sendas parcelas de 2.000 y 800 metros cuadrados de superficie, respectivamente. En la primera de ellas se encontraban además tres burros y otros tantos perros que hoy han sido retirados por la empresa El Refugio “como paso final a su recuperación, aunque uno de los canes ya estaba muerto y otro en estado agonizante y presentando una situación de abandono”. También se da la circunstancia de que en ambos casos “ya se había cometido un daño medioambiental evidente en la zona, puesto que incluso contaban con tuberías subterráneas”, en un lugar muy cercano al Río de La Miel.
El caso restante también contempla la usurpación de 2.000 metros cuadrados de terreno. En este caso sí pudo ser localizada la persona responsable de los hechos “quien no ha recurrido el proceso, por lo que se ha procedido al derribo del vallado exterior y la demolición de una construcción que estaba siendo levantada, para retirar a continuación los escombros generados”.
Cabe reseñar que en estos casos han sido decretadas medidas provisionales para “eliminar las muestras evidentes de usurpación de monte público, que en el caso de Majadal Alto es propiedad municipal y está considerado por la Junta de Andalucía como de utilidad pública”.
A este respecto Orihuela indicó que “es muy importante que cualquier persona que albergue la idea de usurpar suelo público haga que se le vaya este pensamiento de inmediato, porque no lo vamos a permitir”.
Así, el edil avisó que “estaremos vigilantes para impedir las acotaciones de monte público y las construcciones incipientes. Actuaremos con todo el apoyo de la Ley y con contundencia. Es una decisión política adoptada por este Gobierno municipal, y la vamos a llevar a cabo”.
