El pleno celebrado este martes por el Ayuntamiento de Sevilla para la aprobación inicial del proyecto presupuestario de 2017 ha arrancado con la lectura de un texto, por parte de la concejal socialista Carmen Castreño como presidenta del pleno, reconociendo "el error cometido" al no haber permitido el debate y votación de las enmiendas de Participa en la aprobación del presupuesto de 2016.
La lectura de este manifiesto, recordémoslo, figuraba en el acuerdo suscrito entre el Gobierno local socialista y Participa, para que los tres ediles de la formación morada se abstuviesen a la hora de la votación del documento inicial de los nuevos presupuestos. Y es que Participa había pedido al PSOE "un gesto público, claro y contundente de asunción de responsabilidades", a cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula los acuerdos de aprobación del presupuesto municipal de 2016, al no incluir los mismos la presentación, debate y votación de las enmiendas de Participa.
Dicho gesto ha sido protagonizado por la socialista Carmen Castreño como presidenta del pleno, toda vez que el pasado mes de septiembre de 2016, el pleno aprobó una moción de Participa, apoyada por el resto de la oposición y rechazada por el PSOE, para reprobar a Castreño y solicitar su cese y sustitución inmediata como presidenta del pleno, como consecuencia de la citada sentencia.
En cualquier caso, Carmen Castreño ha dado lectura a este texto que desgrana el conflicto y cada uno de sus episodios, especialmente la parte de la sentencia que anula los acuerdos de aprobación del presupuesto municipal de 2016, al no ser permitida la presentación, debate y votación de las enmiendas de Participa.
"EL ERROR COMETIDO"
El texto leído por Castreño, así, expone que el Gobierno municipal "asume el error cometido, acata la sentencia y procederá a su ejecución de acuerdo con lo que establezcan los servicios jurídicos municipales", lo que implicará la retroacción del procedimiento y la repetición del pleno de aprobación inicial del presupuesto de 2016, pero con el debate y votación de las enmiendas de Participa.
En el texto, en cualquier caso, Castreño ha dado cuenta de que "la interpretación de la norma que se realizó en el febrero de 2016 supuso una vulneración del derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos de los grupos municipales considerada inadecuada por parte del TSJA", agregando que a cuenta del litigio, se ha establecido "un nuevo procedimiento que ha garantizado una mayor participación a través de la votación de todas las enmiendas en la comisión delegada de Hacienda".
Con el texto, igualmente, el Gobierno local se ha comprometido a "impulsar una modificación del reglamento orgánico del Ayuntamiento, para incluir un procedimiento específico para la tramitación del presupuesto acorde con la sentencia del TSJA, que garantice la adecuada participación en los asuntos públicos de todos los grupos políticos a través de un mecanismo que permita la votación sus enmiendas".
La lectura de Castreño ha sido reforzada por el concejal de Hacienda, Joaquín Castillo, quien ha defendido que de cara a la aprobación de los presupuestos de 2016, el Gobierno local socialista incurrió en una "equivocación", aunque actuando "de buena fe", toda vez que el portavoz municipal de IU-CA, Daniel González Rojas, ha preguntado "por qué" el Ayuntamiento está "esperando a que se formalice la dimisión de Castreño", cuando el pleno ya aprobó solicitar su cese y sustitución.
"INSUMISO JUDICIAL"
Julián Moreno, por Participa, ha criticado especialmente que el Gobierno local destinase "más de 20.000 euros" a contratar a un bufete privado de abogados para recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, que finalmente inadmitió el recurso del Ayuntamiento. Además, ha preguntado retóricamente si el Gobierno local socialista piensa "declararse insumiso judicial", porque aún no se ha dado cumplimiento a la sentencia, con la repetición del pleno de aprobación inicial del presupuesto de 2016 incluyendo el debate y votación de las enmiendas de Participa.
El propio alcalde, Juan Espadas, ha hecho alusión al asunto, señalando que era necesario "reconocer" que la "interpretación" de los socialistas respecto al reglamento del pleno "fue errónea". "Fue un error político", ha dicho personalmente, defendiendo que los socialistas no actuaban "con mala fe" y que la sentencia será ejecutada una vez sea notificada oficialmente al Ayuntamiento la inadmisión de su recurso por parte del Tribunal Supremo.
