La Sala que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), tiene pendiente de resolver en las próximas fechas si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe ser llamado a declarar como testigo en el juicio, siendo la tercera vez que se enfrenta a esta petición realizada por la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE).
La Sala podría resolver esta cuestión este mismo martes, ya que el juicio se reanuda y los magistrados podrían exponer su decisión 'in voce', según han precisado fuentes jurídicas. Antes de ello el tribunal podrá escuchar la posición sobre este asunto que defiende tanto la Fiscalía como el resto de partes personadas en esta pieza del caso.
El tribunal ya se había mostrado contrario a esta pretensión al inicio del juicio el pasado mes de octubre con los mismos argumentos que utilizó en una primera ocasión, en febrero de 2016.
En ese momento indicó que la presencia de Rajoy en el juicio era innecesaria porque ya se había aceptado la declaración de los exdirigentes 'populares' Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas como secretarios generales del partido y Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja como responsables del mismo durante entre 1999 y 2005, periodo que se está juzgando.
ADADE repitió sin embargo su petición el pasado 31 de marzo aludiendo a los argumentos del voto particular firmado por el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, en los que se refería a dos motivos de discrepancia con la mayoría de la Sala para considerar necesaria la comparecencia del presidente.
Por un lado, porque Hurtado ya señaló al inicio de la vista en su voto particular que resultaba necesario buscar "la relación de los testimonios solicitados con el objeto del proceso " y por otro porque una disección entre las responsabilidades políticas y las económicas "supondría otorgar patente de corso a los responsables políticos quienes (...) desde su posición de testigos, algo, mucho, tendrían que decir sobre lo sucedido, con independencia de que penalmente puedan no ser responsables", según reza el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
ADADE recuerda además que la propia Sala ya dijo en dicho auto del pasado mes de octubre que rechazaba citar al presidente "sin perjuicio de que en otro momento se pueda acordar por la Sala que testifique, de considerarlo necesario, a la vista del desarrollo del juicio oral ".
Esta parte cree "sinceramente que tal momento ha llegado, que la moratoria acordada debe haber llegado a su fin" y por ello la vuelven a solicitar en este momento del procedimiento.
RAJOY, EN "UNA URNA DE CRISTAL"
Para la acusación popular "la conciencia social exige sanciones" y para comportamientos o posiciones orgánicas en las personas jurídicas "resulta necesario oír a sus máximos responsables, en casos como el que nos ocupa en el que su representada está acusada de haberse beneficiado ilícitamente del delito de otros, y por supuesto, no colocarlos en una urna de cristal".
Además, ADADE considera que a estas alturas del juicio han podido constatar que el abogado que representa los intereses del PP ha querido trasladar la responsabilidad de las ilícitas subvenciones electorales realizadas por el Grupo Correa a sus directos beneficiarios--los entonces alcaldes, Ortega de Majadahonda y Sepúlveda de Pozuelo-- y viéndose clara la intención "de evitar molestias, de salvar al jefe Rajoy", cargando las responsabilidades a "escalones inferiores". Por ello consideran imprescindible oír a Rajoy, que fue director de diversas campañas electorales.
Recordaba también esta parte que en mayo de 2013 tuvo lugar la declaración como testigo "nada menos que del entonces y actual, presidente del Senado don Pío García Escudero", en su despacho oficial -a lo que tenía derecho-. "Allí fuimos y le hicimos las preguntas pertinentes -aseveran en su escrito-. Sin mayores problemas".
