El exconsejero-delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás "infló" contratos suscritos con PriceWaterhouseCooper (PWC) e Indra para conseguir un millón de euros que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le pidió en 2012 para pagar las deudas derivadas de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2011.
El auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que González --en prisión incondicional desde este viernes--, como secretario general del PP madrileño, tuvo la intención de "sanear las cuentas", por lo que el 7 de junio de 2012, se reunió con Martínez Nicolás --en libertad, que se convertirá en prisión si no deposita 100.000 euros antes del 28 de abril-- para solicitarle un millón de euros.
El magistrado constata que esta cantidad se hizo efectiva debido a la "contratación existente" entre ICM --ente dependiente de la Vicepresidencia regional que dirigía en ese momento también González--, PWC e Indra.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: LA FINANCIACIÓN DEL PP DE MADRID
En este sentido, Velasco destaca que la "línea de investigación" de la 'Operación Lezo' está relacionada con la "supuesta financiación que habría llevado a cabo el Partido Popular de la Comunidad de Madrid a través de un ente público dependiente de esta", refiriéndose a la ICM.
De hecho, afirma que el origen de la investigación comienza a raíz de la declaración del ex subdirector general de ICM Silvano Corujo Rodríguez --al que señala como "testigo privilegiado de los hechos" al formar parte de todas las mesas de contratación de la Agencia-- en la sede de la Fiscalía Anticorrupción.
En esta declaración, Corujo reveló que González solicitó "en torno a un millón de euros" a Martínez Nicolás con el fin de "sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid" y aseguró que existían determinados contratos "inflados" con las mercantiles PWC e Indra.
Precisamente, PWC e Indra fueron dos de las empresas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el pasado miércoles tras estallar la 'Operación Lezo'. En concreto, a la consultora se le requirió los contratos que tenían con ICM.
FLUJO MONETARIO DE CASI 700.000 EUROS ENTRE 2012 Y 2013
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional subraya que gracias a las actuaciones policiales llevadas a cabo "hasta el momento" se ha podido conocer que Indra hizo frente a un "flujo monetario de 687.497,58 euros (566.497,58 euros en el año 2012 y 121.000 euros en el año 2013)" para pagar a las empresas proveedoras en la campaña electoral de los comicios autonómicos de 2011 --en los que Esperanza Aguirre se mantuvo en la Presidencia de la Comunidad de Madrid revalidando la mayoría absoluta--.
Precisa, además, que se interpusieron "entre una y otras" hasta nueve empresas para pagar la deuda de los 'populares' madrileños. Se tratan de Sintra Consultores, Troyano Marketing y Diseño, Formaselect Consulting, Braveheart Management, Escuela Europea de Dirección y Empresa, Swat, Pamaz Imagen, The Cell Core y Strat Map, las cuáles estarían relacionadas a Óscar Sánchez Moyano, Miguel Madoz Echevarria y José Miguel Alonso Gómez.
El magistrado añade que el cargo que desempeñaba Martínez Nicolás en ICM asumía la responsabilidad de contratación del ente público y, por tanto, la "persona encargada de llevar a cabo la firma de los contratos". Además, apunta que éste habría utilizado su "posición de superior jerárquico" para determinar las decisiones de sus subordinados que llevaron incluso a la dimisión de alguno de ellos, como es el caso de Corujo, al no compartir las "exigencias planteadas" por el exconsejero.
CUENTAS EN PARAÍSO FISCALES DE MARTÍNEZ NICOLÁS
Por otro lado, Velasco indica que parte de la investigación se centra en el supuesto enriquecimiento ilícito personal de Martínez Nicolás, pues "se ha podido determinar" que existieron cuentas bancarias a su nombre --y con firma autorizada de su mujer Paloma Ferreiro e hijo José Ángel-- en Liechtenstein, considerado paraíso fiscal, que contenían "más de un millón de euros de origen desconocido y ocultos al fisco".
Durante la investigación se han detectado dos transferencias de estas cuentas a otras dos radicadas en Panamá y Suiza correspondientes a Jesús Arranz Monje y María de los Ángeles Monje Gutiérrez, respectivamente, de un total de 1.075.103,95 euros. Concretamente, 545.980,66 euros a la primera cuenta y 529.123,29 euros a la del país helvético.
El juez instructor entiende que estas dos operaciones son "difícilmente subsumible en una operativa comercial ordinaria", por lo que cree que se enmarcan en "operativas de compensación de fondos o de envío de dinero mediante un sistema informal".
