Francisco Javier Maldonado (PP) ha presentado hoy su dimisión como alcalde de Gójar (Granada) y ha solicitado la suspensión cautelar de militancia hasta que el Tribunal Supremo (TS) resuelva el recurso de casación planteado tras ser condenado a 17 años inhabilitación por prevaricación.
Según ha informado el PP en un comunicado, Maldonado ha dimitido tras conocer la sentencia de la Audiencia de Granada que lo ha condenado a un año de cárcel y otros 17 de inhabilitación para cargo público por prevaricación, según han detallado a Efe fuentes del PP.
Maldonado ha adelantado que formalizará un recurso de casación ante el Supremo tras la sentencia condenatoria por una causa en la que la Fiscalía solicitó dos años y tres meses de cárcel, el pago de una multa de 400.000 euros y 22 años de inhabilitación especial para cargo público por una licencia de obras ilegal a la promotora de su hermano.
El juicio por esta causa se celebró en mayo de este año por un delito de prevaricación continuada, prevaricación urbanística y tráfico de influencias después de que el Ayuntamiento permitiera la construcción de una promoción de viviendas irregular impulsada por una firma participada por el hermano del ya exalcalde.
En un comunicado a su partido, Maldonado ha explicado que formaliza su "renuncia al acta de concejal, a la alcaldía de Gójar, solicitando también mi suspensión cautelar de militancia para preservar las siglas del Partido Popular, hasta que se resuelva el recurso de casación que se presentará en el Tribunal Supremo".
El secretario general del PP de Granada, Pablo García, ha mostrado su apoyo a Maldonado y le ha agradecido su gesto para defenderse "sin dañar a Gójar ni a las siglas del PP", tras lo que ha confiado en que el Supremo resuelva "favorablemente" el recurso.
García ha calificado al ya exalcalde como "un hombre de partido que ha trabajado duramente todos estos años".
Los hechos que han motivado la condena y la renuncia de Maldonado se remontan al 22 de agosto del 2005 cuando suscribió, como alcalde de Gójar, un convenio de gestión urbanística con la entidad Cavifer en la que su hermano Fernando, también acusado, era administrador mancomunado, y que omitía que parte de los terrenos afectados eran suelo urbano no consolidado.
Durante el juicio, Maldonado defendió que siguió los informes técnicos municipales para firmar un convenio y otorgar las licencia de obras al proyecto de una empresa participada por su hermano, dato que aseguró desconocer para negar que cometiera tráfico de influencias, delito por el que no ha sido condenado.
Maldonado aseguró además que el convenio pretendía evitar la expropiación de parte de los terrenos para construir un vial que le costaría al pueblo unos 130.000 euros.
