La Fiscalía ha interesado al Juzgado de Instrucción 3 de Granada el archivo de la causa abierta contra la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados, al no ver acreditado que haya incurrido en un presunto delito de intrusismo profesional.
La causa se ha iniciado a raíz de una querella del Colegio de Abogados de Granada y en ella se investiga si Granados se excedió en sus funciones como asesora de Juana Rivas, desempeñando otras que sólo puede ejercer un abogado.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal del caso sostiene que tras las diligencias practicadas, que han incluido la declaración de Granados como investigada y de la primera abogada de Juana Rivas como testigo, "no ha quedado acreditado" que la asesora haya realizado "acto alguno de la profesión de abogado".
Tampoco ve probado que Granados haya realizado labores de asesoramiento jurídico "sin poseer la titulación suficiente", en tanto que ha aportado su título de Licenciada en Derecho y un certificado académico de sus calificaciones durante la carrera.
A juicio del Ministerio Público, estos documentos acreditan "la preparación técnica y académica exigibles para ejercer labores de asesoramiento jurídico, tanto en el Ayuntamiento de Maracena en el que está contratada como a nivel particular".
Precisa en este sentido que "ejercer de abogado sin estar dado de alta en el Colegio de Abogados no supone un delito de intrusismo", sino que lo "relevante" en esta materia es que se produzca el ejercicio de una profesión titulada careciendo de preparación para ello, que es lo que supone "un fraude social" y un "peligro" para la atención que la sociedad debe recibir de quienes se presentan como profesionales de una rama.
La Fiscalía considera que estos elementos no se dan en el caso de Francisca Granados y por ello pide el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.
Granados, que está representada por el letrado Carlos Aránguez, declaró el pasado 7 de marzo en el juzgado por este asunto y, en posteriores declaraciones a los medios, negó haber cometido cualquier tipo de intrusismo profesional.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, enmarcó la querella en "la defensa de la profesión frente a quien no tiene los requisitos legales para ejercerla".
