Los jueces y fiscales onubenses se han sumado mayoritariamente, en más de un 80 por ciento entre ambos, a la huelga convocada a nivel nacional durante la jornada de este martes porque consideran que trabajan con "condiciones del siglo XIX".
En rueda de prensa, el decano de los jueces de Huelva, José Manuel Borrero, junto al fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo, ha asegurado que "todos queremos que la justicia funcione con eficacia pero nos hacen falta recursos y medios para salir de esta justicia del siglo XIX y artesanal en la que nos econtramos".
"Pero ello depende de los representantes políticos en suma de los otros poderes", ha señalado el juez decano, quien ha lamentado que "el judicial esté solo", así como que "la justicia será lo eficaz que quiera el gobierno de turno y todo apunta que esta cuestión no interesa", ya que de los presupuestos generales del estado, "solo un 1,15 por ciento va dirigido a la justicia".
Entre las medidas que solicitan se encuentran la despolitización del Consejo General del Poder Judicial; el plan de inversión prolongado; la creación de más plazas judiciales anuales durante cuatro años; la dotación de medios para la lucha contra la corrupción y poder aplicar las nuevas leyes procesales; la entrada máxima de asuntos para garantizar un trabajo ágil; la creación de nuevos órganos; la dignificación de las nuevas promociones y mejoras de la justicia judicial.
Al respecto, ha asegurado que la petición de un sistema de justicia más eficaz comenzó hace diez años y en este tiempo "la situación no ha mejorado sino que ha empeorado y la justicia sigue siendo la hermana pobre".
A su juicio, "no hay voluntad política, a pesar de que se trata de unos pilares esenciales del Estado de Derecho y se olvida su extraordinaria relevancia para el progreso de un país porque incide de lleno en la calidad de vida de los ciudadanos". Un ejemplo de ello, según ha remarcado, ha sido "la fallida subcomisión del Congreso para un pacto de estado por la justicia, que fue un espectáculo lamentable".
Por su parte, el fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo, ha precisado que "hace falta un diseño de justicia del siglo XXI" y ha puesto como ejemplo que "en Huelva los juicios en lo Social y en lo Contencioso se celebran a dos años vista", por lo que considera que "no vale de nada acelerar la instrucción si no se hace en la fase de enjuiciamiento".
A su juicio, "esta situación viene marcada por la ausencia de recursos, de la justicia digital y de la falta de recursos personales, ya que la tasa está muy por debajo de la media europea y en Huelva desde 2010 no se ha actualizado la plantilla de fiscales". Al respecto, ha asegurado que "lo que hacen falta son jueces y fiscales, mínimo 300 plazas anuales en los próximos cuatro años".
Por otro lado, ha hecho hincapié "en el interés por reforzar la independencia del Fiscal General del Estado, la participación de manera más activa en el diseño de cursos y actualizaciones en las retribuciones y condiciones tras el recorte del año 2010". En concreto, ha asegurado que en el caso de las guardias en la provincia, "el coste de retribución de la hora oscila entre un 1,50 y 0,50 céntimos". Por tanto considera que la situación actual es "un embudo, no podemos meter en un vaso una cantidad de agua superior de la que cabe".
CIUDAD DE LA JUSTICIA
También se ha pronunciado el juez decano sobre la Ciudad de la Justicia, a la que ha calificado de "historia interminable. No se hizo por problemas políticos y por la pelea entre los dos partidos mayoritarios", a lo que ha añadido que "si se hubieran hecho bien las cosas, se hubiera hecho, ya que los terrenos estaban registrados en el registro de patrimonio de la Junta, pero cuando no se quiere hacer el momento pasa, la crisis llega y los inversores se fueron".
"En Almería, en Málaga y en Córdoba se han hecho, con un sistema de colaboración pública, pero la de Huelva se quedó en un cajón y ahora estamos a la cola por culpa de la Administración pública", ha concluido.
