A la huelga de jueces y fiscales, que ha sido secundada este martes por uno 80 por ciento de ellos en Huelva, se han sumado abogados, que han conformado recientemente la plataforma #Red de Abogados Huelva, con una concentración, sobre las 12.00 horas, en las puertas de la Audiencia Provincial onubense.
En un comunicado, la plataforma ha asegurado que es "el establecimiento de la justicia la primera razón de ser de nuestro Estado, sin embargo, en los últimos 40 años agoniza en España acosada por inicuos intereses políticos y económicos y porque es víctima de presupuestos crónicamente famélicos".
"Nuestra justicia agoniza porque carece de los medios materiales y humanos mínimos para atender a las demandas de justicia de los ciudadanos, y agoniza porque, lejos de dictarse leyes que le permitan funcionar eficazmente, se aprueban disposiciones para que se atasque irremediablemente, como por ejemplo, los ominosos juzgados hipotecarios que nadie quiere, salvo el Gobierno y los propios bancos", han remarcado.
De igual manera, se han referido a las infraestructuras informáticas que se han implantado en ella asegurando que las mismas "no están ahí para servir a los titulares del poder judicial, sino a gobiernos estatales y autonómicos", a lo que han añadido que el Gobierno "prefiere que sea la sumisión y no la independencia el principio que rija su funcionamiento".
En este sentido, consideran que los abogados, "al defender a los agraviados, molestan porque a ningún poder, económico, político o ideológico, le gusta que los ciudadanos puedan discutir con ellos sus acciones en pie de igualdad", motivo por el que "tratan de acabar con ellos --los letrados-- pagando miserablemente la defensa de los ciudadanos más pobres y pagando tarde y mal un servicio que el estado debiera garantizar a todos, pero que reposa en exclusiva sobre el impulso ético de una abogacía maltratada".
"Tratan de acabar con ellos reduciendo aquellos sectores de la actividad económica donde los ciudadanos pueden acudir a los tribunales a pedir justicia; despenalizando masivamente los accidentes de tráfico; buscando convertir su actividad profesional exclusivamente en un negocio y extirpando todo aquello que de moral y bueno hay en la profesión para tratar de convertirla exclusivamente en un negocio ajeno a toda dimensión ética", han señalado.
Al respecto, prosiguen diciendo que "tratan de acabar con ellos impidiendo a abogadas y abogados poder tener una vida familiar digna de tal nombre, impidiéndoles poder ser madres en unas condiciones mínimamente dignas, enfermar sin que los plazos les sigan corriendo y ocuparse antes de los intereses ajenos que de su propia salud", así como "promoviendo retribuciones indignas para los abogados y limitando los efectos de las costas para los más poderosos".
Sin embargo, han remarcado que "no lo van a conseguir, ya que no se puede gobernar contra la justicia, contra el pueblo ni contra la razón", porque estas tres cuestiones "siempre han tenido una estirpe especial de hombres y mujeres que las han defendido y esos son los abogados".
