Diputación ha concedido ayudas económicas a 54 entidades de la provincia de Cádiz a tenor de la labor social que desarrollan a favor de personas en riesgo de exclusión social. Cada colectivo percibe un incentivo de 1.600 euros, por lo que la suma comporta un saldo total de 86.400 euros. Los destinatarios son congregaciones religiosas, asociaciones que asisten a personas sin hogar, comedores sociales, albergues, residencias de atención a la discapacidad, centros donde se propicia la inclusión social e incluso lugares que ayudan a mujeres que han sufrido explotación sexual. La ceremonia ha estado presidida por la titular de Diputación, Irene García, acompañada de parte del equipo de gobierno provincial.
La presidenta de Diputación ha recordado que su pretensión, al inicio del mandato, “era ser útil a la gente. Desde un punto de vista social las instituciones públicas debemos ser el primer apoyo para las personas en dificultades. Y hemos puesto todo nuestro esfuerzo y recursos para que esas personas en riesgo de exclusión social lograran solucionar sus circunstancias”. En ese cometido –y en referencia a las entidades que han recibido ayuda económica- “necesitamos una mano amiga, que llegue donde las instituciones no llegamos y lo haga sobre todo con inmediatez”.
Irene García considera que el balance del año, en términos de políticas de bienestar social, “aporta más luz” si bien persisten “sombras porque aún sigue lloviendo para muchas familias”. Los servicios sociales se mantendrán, en 2019, como una prioridad presupuestaria y de acción de gobierno en alianza con unas organizaciones asistenciales y humanitarias “que seguimos necesitando”.
Por parte de la comarca han sido beneficiarios de estas ayudas las Hermanas de los Ancianos Desamparados y su Residencia San José (Algeciras); la Residencia de Ancianos San Ramón (Los Barrios); el Hogar Marillac; y las Misioneras Doctrina Cristiana (La Línea); y la Comunidad de Misioneras de María Inmaculada del Asilo de San José (Tarifa).
