La consejera de Justicia, Begoña Álvarez, presentó ayer este Plan de Respuesta Razonable, con un presupuesto de cerca de millón y medio de euros, una medida que tiene como objetivo "garantizar la igualdad para todos los andaluces en su relación con la Justicia y ofrecer una respuesta de plazos razonable".
Para ello, Álvarez informó de que se va a poner en marcha un plan concreto de actuación en esos juzgados al objeto de disminuir la pendencia detectada en estos órganos y ofrecer una respuesta igualitaria y garantista a todos los ciudadanos.
"Nuestra intención es que cuando un ciudadano acuda ante al juez tenga el mismo tiempo de respuesta independientemente del juzgado de Andalucía al que acuda", explicó la consejera.
Así, la Consejería de Justicia va a trasladar grupos de trabajo que actúen en estos órganos determinados para dar respuestas concretas a los problemas coyunturales existentes, de modo que se reduzca la pendencia existente -es decir, el estado de juicios pendientes de resolución- y se ofrezca mayor agilidad al servicio público prestado al ciudadano.
Esos grupos de trabajo, cuya creación se enmarca ya en la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial, se denominarán Unidades de Apoyo Procesal de Mejora y Organización.
Los funcionarios que compondrán estos grupos (20 unidades de cuatro funcionarios cada una para actuar en los juzgados andaluces, más otras tres unidades de apoyo a las Salas de lo Contencioso) serán seleccionados en base a dos criterios: de cualificación y trayectoria, por un lado, y de órgano de procedencia, por otro lado, es decir, que se elegirá a trabajadores de juzgados que no presenten un especial problema de saturación y los funcionarios de los órganos de origen serán sustituidos.
Posteriormente, en enero, se llevará a cabo un plan de evaluación del trabajo realizado hasta la fecha con la información proporcionada por los propios grupos de refuerzo, los jueces y los secretarios, con la intención de "analizar los problemas existentes, valorar la efectividad de las medidas implantadas y adaptar medidas estructurales", según ha declarado la consejera.
En el proceso de identificación de los órganos con mayor pendencia de Andalucía, la Consejería ha contado con las aportaciones de todos los operadores jurídicos: jueces a través de los presidentes de las Audiencias Provinciales, secretarios coordinadores, colegios de procuradores y abogados y sindicatos, así como la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Por otra parte, en este estudio, los distintos agentes jurídicos también han analizado los órganos judiciales que ofrecen una respuesta razonable a la ciudadanía y los funcionarios que trabajaron en estos dieciséis juzgados en 2008 recibirán una gratificación de 300 euros.
