La Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía con sede en Granada ha ordenado la apertura de diligencias de investigación penal en respuesta a la solicitud de Adolfo Bosch Lería de un informe propuesta para que se pueda adoptar la decisión que corresponda por el Ministerio Fiscal.
Este procedimiento tiene unos plazos legales para cumplirse, lo que para Bosch Lería es un paso fundamental a la espera del principio de una resolución que ponga fin a 27 años de pleitos del conocido buceador de San Fernando que viene reclamando justicia desde 1991. El decreto de apertura de las diligencias tiene fecha de 8 de abril, aunque Bosch Lería lo recogió este pasado viernes en Correos. El Fiscal Jefe de la Fiscalía del Área de Jerez de la Frontera ha recibido también copia del mismo.
Adolfo Bosch Lería acudió al Fiscal Anticorrupción, Manuel Luis Arjona, con fecha de 21 de marzo de este año y seis días más tarde, el 27 de ese mismo mes, se dirigía a la Fiscalía del Área de Jerez de la Frontera considerando que en el archivo de las diligencias informativas “se falsificaron registros de salida de la Fiscalía de Cádiz y de la Delegación de Cultura” de la Junta de Andalucía.
A propuesta de la fiscal de mediación, Virginia Alonso, pidió una mediación con la Delegación de Cultura en su afán por poner fin a una cuestión “que me ha costado 27 años de mi vida”, decía Bosch Lería en declaraciones a este periódico en la misma jornada del viernes tras recibir el escrito de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma.
La larga historia
Estos son sólo los últimos pasos dados por Bosch Lería y con los que él espera encontrar una solución, aunque en el caso de que considere que no se hace justicia acudirá a los tribunales de justicia europeos. O sea, que no se va a rendir hasta que se examinen y contrasten todos y cada uno de los expedientes que él considera manipulados.
Pero Adolfo Bosch Lería, en esos 27 años que se cumplieron el año pasado, mantiene su cruzada contra lo que él entiende como una “corrupción institucionalizada” contra su persona y su caso relacionado con las piezas arqueológicas que le fueron requisadas en 1991.
El 24 de septiembre de 1991, la Guardia Civil llamó a la puerta de la madre de Adolfo Bosch Lería, un conocido buzo isleño que coleccionaba piezas arqueológicas. Unas sacadas por él mismo del fondo del mar; otras compradas a otros coleccionistas.
Registrada la vivienda que constaba en la orden judicial sin encontrar nada, ordenaron a un hermano de Adolfo Bosch abrir un almacén aledaño, para el que no había orden judicial de registro, según afirma Adolfo, donde encontraron las piezas de su colección.
Una colección de la que todo el mundo sabía por su contacto con arqueólogos y museos e incluso por su ofrecimiento de crear un museo con ellas a cambio de un puesto de trabajo. Sólo eso por un tesoro.
Ahí comenzó la odisea de Adolfo Bosch Lería, en un tira y afloja con la Delegación Provincial de Cultura, de juicio en juicio, con las piezas en su poder en calidad de depositario y luego sin las piezas, que la Guardia Civil tuvo que sacar después por encima del muro porque se negó a abrir la puerta sin orden judicial, para llevarlas a Cádiz y algunas de ellas al Museo Naval de San Fernando.
En el transcurso de estos más de 27 años, Fofi no ha cejado en su intento de conseguir que se haga justicia, a pesar de que va de revés judicial en revés judicial. Se ha resentido su salud; ha tenido que vérselas con el embargo de su vivienda particular y a todo eso se unen otros dolorosos procesos familiares, consecuencias todos de la lucha que mantiene contra la Administración de Justicia y contra la Junta de Andalucía.
Adolfo Bosch Lería se mantiene en sus trece y ha acusado de corrupción a más de doscientas personas, incluidos jueces. “Si yo no estoy en la cárcel es porque tengo razón”, dice a este periódico.
Ahora, con esta carta, ha visto una salida a su problema, aunque a esas alturas ya no confía más que en la verdad que defiende con todo un expediente que nadie se atreve a abrir y contrastar.
