Una jueza de Almería ha dado seis meses a los dos administradores de la promotora New Medina Villas SL para que procedan a la demolición de un residencial de 111 viviendas inacabadas en el municipio de Zurgena e indemnicen con cuantías que suman más de 650.000 euros a una quincena de ciudadanos extranjeros que adquirieron algunos de esos inmuebles construidos de forma irregular.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado de lo Penal 4 ordena la ejecución del fallo de la Audiencia Provincial que revocaba la sentencia absolutoria en primera instancia y condenaba a los dos empresarios que levantaron el residencial ilegalmente en Los Llanos del Peral al estimar el recurso de apelación que presentaron tanto los perjudicados como la Fiscalía.
La citada sentencia, al margen de la pena de prisión y multa con la atenuante de dilaciones indebidas ya que los hechos se remontan a 12 años atrás, obligaba a los administradores de New Medina Villas a indemnizar a los compradores, de buena fe, ya que desembolsaron unas "importantes cantidades de dinero sin haber obtenido nada a cambio".
El auto de ejecución requiere a la defensa y a la acusación particular, ejercida entre otros por el Estudio Legal Foro Europa, para que, en el plazo de diez días, aporten la documentación acreditativa de las cantidades que abonaron los perjudicados para la adquisición de las viviendas.
En total, la cuantía reconocida judicialmente asciende a 650.662 euros y los ciudadanos extranjeros tendrán que ser indemnizados con cantidades individuales que oscilan entre los 151.030 y los 73.830 euros.
La magistrada Marta Inés Sierra da, asimismo, a los promotores seis meses para que procedan a la demolición de lo construido bajo apercibimiento de proceder a la demolición a su costa y les requiere para que comiencen a cumplir la inhabilitación para oficio o profesión relacionado con la construcción y la promoción inmobiliaria a la que fueron condenados.
La Sección Segunda revocó en julio parcialmente el fallo del Juzgado de lo Penal 4 de Almería y se avino al recurso de apelación presentado por los afectados y por el Ministerio Fiscal ante la sentencia que absolvió a los dos empresarios y también a la ex corporación municipal entre 2003 y 2007 liderada por Cándido Trabalón y Manuel Tijeras.
La resolución de la Audiencia Provincial condenó a Francisco Javier R.D.C. y a Juan José R.A. como autores de un delito contra la ordenación del territorio pero la sala aplicó de oficio la atenuante de dilaciones indebidas debido a la duración global de más de 12 años del procedimiento penal.
Les impuso, así, seis meses de prisión, 12 meses de multa a razón de seis euros al día e inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la promoción y construcción inmobiliaria por el tiempo de seis meses mientras que mantuvo los pronunciamientos absolutorios con respecto al exalcalde, el exconcejal de Urbanismo y otros concejales.
"IMPORTANTES CANTIDADES DE DINERO"
La sentencia de la Sección Segunda no establecía la cuantía con la que debían indemnizar a los perjudicados pero sí destacaba el perjuicio sufrido por los adquirientes "como consecuencia de la compra de las mismas y desembolsaron importantes cantidades de dinero sin haber obtenido nada a cambio a consecuencia de la reacción de la administración una vez se tuvo noticia de las irregularidades".
Rechazaba, asimismo, que proceda declarar responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Zurgena y ordena la demolición de lo construido a cargo de los dos condenados.
La quincena de ciudadanos extranjeros, en su mayoría británicos, estaban personados como acusación particular ya que compraron viviendas de la promoción y solicitaban ser indemnizados en la cuantía pagada y los gastos ocasionados por la adquisición por parte del Ayuntamiento y la mercantil.
Las obras fueron paralizadas por orden judicial en enero de 2005 y los inmuebles no estaban "terminados ni ocupados, encontrándose a fecha 13 de septiembre de 2018 en estado de abandono".
