El Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz ha pedido el apoyo de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada y del resto de alcaldes y alcaldesas de la provincia, para que "por los cauces de interlocución que como alcaldesa tiene con la Administración Autonómica, contribuya a que se revierta" el programa de la Junta de Andalucía que vincula la atención social durante la pandemia a la entrega a las familias de una tarjeta monedero financiada con fondos públicos, pero gestionada por entidades ajenas a la Administración Pública.
Por contra, lo que pide el Colegio Profesional de Trabajo de Cádiz es que que los recursos de ese programa sea derivados a las prestaciones de emergencia social que ya gestionan los Servicios Sociales en los ayuntamientos.
También el Consejo Andaluz de Trabajo Social ha mostrado su "más enérgica protesta" a la medida anunciada por la Junta de Andalucía.
"El derivar a entidades privadas fondos que se niegan al sistema puÌblico, seriÌa tan incomprensible como privar a los hospitales y sus profesionales sanitarios de medicacioÌn y respiradores para que organizaciones no gubernamentales atendidas en su mayor parte por personas voluntarias, prescribieran a queÌ enfermos/as se les proporciona", dice el Colegio Andaluz de Trabajo Social.
"Lo que seriÌa un disparate en el sistema sanitario, lo es tambieÌn en el de Servicios Sociales. Si queremos que la crisis social no implique peÌrdidas de proyectos vitales, sufrimiento y desproteccioÌn de los/as maÌs vulnerables, es imprescindible que se cuenten con los profesionales del trabajo social de los Servicios Sociales Comunitarios".
Los motivos para rechazar esta medida se fundamentan en evidenciar que "se priva de derechos a las personas que atraviesan una situacioÌn de desproteccioÌn provocada por el impacto social y econoÌmico de la pandemia, y que se vulneran claramente los mandatos de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre de Servicios Sociales de AndaluciÌa".
Lo hace en cuanto que la puerta de entrada al Sistema son los Servicios Sociales Comunitarios, al igual que los Centros de Salud de AtencioÌn Primaria tambieÌn lo son el Sistema Sanitario, y que vulnera el derecho al profesional de referencia trabajador social que es el que tiene reservada en exclusiva la prescripcioÌn de recursos. La propia Ley prohiÌbe que la prescripcioÌn de recursos se haga por personas que ni tienen reconocida la condicioÌn de empleados puÌblicos, ni tienen la habilitacioÌn como profesionales del Trabajo Social, cuando ya se reconoce ambos derechos de ciudadaniÌa desde la aprobacioÌn de la Ley de Servicios Sociales de AndaluciÌa.
AdemaÌs, se duplican actuaciones, lo que obliga a las personas a ir “pidiendo en varias ventanillas”, con la sospecha por parte de la propia Junta de AndaluciÌa de que lo haraÌn de forma fraudulenta por cuanto contempla un mecanismo para evitar duplicidades. "Se responsabiliza a la ciudadaniÌa de la gestioÌn de la propia AdministracioÌn, cuando es ella la que crea un sistema dual de entrada".
Es "estigmatizante" la entrega de una “tarjeta de pobreza” para poder alimentarse, cuando ya hay recursos normalizados como las prestaciones econoÌmicas gestionadas desde las Administraciones Locales, o la propia Renta MiÌnima de AndaluciÌa.
"Respaldamos, tal como se ha indicado por parte de la SecretariÌa de Estado de Derechos Sociales para la actuacioÌn de los Servicios Sociales de AtencioÌn Primaria ante la crisis por COVID-19, y por la propia Junta de AndaluciÌa respecto a las Ayudas EconoÌmicas Familiares, que como medida excepcional se considere la prescripcioÌn facultativa de la persona profesional de referencia, que seguÌn marca la ley es un trabajador/a social como uÌnico requisito para acceder a una transferencia de dinero a las familias que les permita garantizar las necesidades baÌsicas, agilizando los procedimientos y liberando los fondos necesarios para que, sin duplicar esfuerzos, sin hacer peregrinar a las personas por varias instituciones, con el respaldo de valoraciones profesionales, representen una garantiÌa de atencioÌn y gestioÌn de recursos puÌblicos que no pueden ser derivados a la caridad mientras los Servicios Sociales son desatendidos".
Baste recordar que en algunas provincias se acumulan retrasos en la percepcioÌn de la Renta MiÌnima de maÌs de un año. Una prestacioÌn que tienen la consideracioÌn de derecho subjetivo, y por tanto ha de ser entregada a las personas beneficiarias sin dilaciones se deja sin atender, mientras se destinan recursos puÌblicos a entidades asistenciales, que "sin menospreciar la valiosiÌsima labor de solidaridad que estaÌn realizando", no se les puede trasladar la responsabilidad que es puÌblica. Si se hicieran efectivos los pagos atrasados, miles de familias andaluzas no necesitariÌan ser “consoladas” con una bolsa de alimentos, sino que se les reconoceriÌa su dignidad ciudadana.
Por todo ello desde este Consejo Andaluz que representa a la profesioÌn de Trabajo Social, quiere poner de manifiesto que "rechazamos la pretensioÌn de cambiar por la viÌa de los hechos el sistema de proteccioÌn ya consagrado en la Ley de Servicio Sociales de AndaluciÌa, donde se reconoce que son los Servicios Sociales Comunitarios los que tienen que garantizar la atencioÌn en situaciones de emergencia o urgencia social, y reclamamos insistentemente el derecho a una proteccioÌn social puÌblica y normalizadora, alejada de voluntarismo y sin garantiÌas".