El Tribunal Militar Central ha anulado la sanción de cuatro meses de suspensión de empleo impuesta a un agente de la Guardia Civil de la Comandancia de Huelva por simulación de delito al no advertir que con su actuación haya provocado daño alguno a la Administración.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se estima el recurso interpuesto por el agente contra la resolución de la Ministra de Defensa de fecha 23 de abril de 2019, que confirmaba la dictada por el Director General de la Guardia Civil por la que se le impuso una sanción de cuatro meses de suspensión de empleo como autor de una falta muy grave consistente en "cometer delito doloso condenado por sentencia firme que cause grave daño a la Administración".
El demandante fue condenado en julio de 2017 como autor de un delito de simulación de delito en grado de tentativa, a la pena de 360 euros y absuelto del delito contra la seguridad vial por conducción de vehículos a motor bajo la influencia del alcohol.
Dicha sentencia consideraba probado que el guardia civil, sobre la madrugada del 9 de agosto de 2014 conducía su vehículo por una carretera de Lepe, cuando sufrió un accidente por salida de la vía que finalizó impactando el coche contra una valla.
Tras el accidente, el acusado, sin esperar a que acudieran al lugar las correspondientes fuerzas del orden, huyó al ser recogido por un vehículo que circulaba por el lugar de los hechos y, después, llamó por teléfono a la central de la Guardia Civil informando de que su vehículo había desaparecido del lugar donde lo había dejado aparcado con sus llaves y su teléfono móvil en su interior.
En el curso de la investigación policial por el accidente de circulación, se le tomó declaración voluntaria al acusado esa misma madrugada y se le realizaron las pruebas de alcoholemia, que dieron positivo.
Tras varias diligencias, los instructores confirmaron la falsedad de lo manifestado por el agente, que incluso presentó denuncia por la supuesta sustracción del vehículo el 15 de agosto.
Entiende el Tribunal Militar Central que si bien queda clara la condición de guardia civil del demandante y de la existencia de la sentencia, el delito no deriva, como mantiene la resolución impugnada, en una afección negativa a la función de seguridad pública de la Administración e imagen del Instituto Armado.
El tribunal considera que "puesto que la condena lo fue por una tentativa de delito de simulación de delito, ha de descartarse que se produjera resultado dañoso alguno para la Administración"; por ello, considera que lo sucedido no puede conllevar más que "la imposición de una sanción disciplinaria como consecuencia de una previa condena penal firme", por lo que le anula la sanción impuesta y la sustituye por un mes de suspensión de empleo.
