La sede de la empresa Magrudis S.L., en el polígono El Pino de Sevilla capital, ha sido objeto este martes de una inspección ocular realizada por el perito al que el Juzgado de Instrucción número diez ha encomendado la valoración de los bienes de la entidad, con relación al embargo decretado sobre la misma en el marco de la investigación del brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por esta sociedad contaminada con dicha bacteria.
Esta inspección cursada por el mencionado perito ha contado además con la asistencia del secretario de dicha instancia judicial, el abogado de la asociación de consumidores Facua, el letrado de los lesionados, de Ateneo Abogados, y el dueño de la nave junto a su abogado, según han informado a Europa Press fuentes del caso. Tras aproximadamente una hora y media de inspección, las previsiones del perito pasarían por tener listo en unos ocho o diez días el correspondiente informe sobre el valor de los bienes de Magrudis a efectos del mencionado embargo.
Ya el pasado 7 de julio, en ese sentido, esta nave fue objeto de una visita saldada con el inventariado y catalogación de los activos de la empresa, principalmente equipos de refrigeración de cámaras, máquinas envasadoras y otros elementos.
En un decreto emitido el pasado 19 de mayo, el Juzgado de Instrucción número diez retomaba este caso después de que el pasado mes de marzo decretase la libertad provisional para el propietario y administrador único de Magrudis, Sandro José Marín Rodríguez, y para su padre y 'administrador de hecho', José Antonio Marín Ponce.
A ambos se les atribuye un presunto delito contra la salud publica en su modalidad de fraude alimentario, tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones a feto con resultado de muerte y varios delitos de lesiones imprudentes, pues el mencionado brote empidémico sumó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias embarazadas.
Dicha decisión de libertad provisional, adoptada después de que los investigados fuesen encarcelados el pasado 26 de septiembre de 2019, incluía eso sí "la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación apud acta".
FIANZA DE CINCO MILLONES DE EUROS
En este decreto del pasado mes de mayo, en cualquier caso, el juzgado recordaba que el pasado mes de febrero ordenó "la medida cautelar de prestación de fianza por importe" de cinco millones de euros a prestar por Magrudis S.L., Sandro José Marín Rodríguez, José Antonio Marín Ponce, el hijo menor de este último, Mario Marín Rodríguez; su esposa Encarnación Rodríguez Jiménez, su cuñada Isabel María Rodríguez Jiménez y la sociedad Elaborados Cárnicos Mario S.L.
Y es que "habiendo sido requeridos los investigados Sandro, José Antonio e Isabel de forma personal y los demás sobre los que se ha impuesto la medida a través de la representación procesal, para la prestación de la misma, consta la notificación de que hasta la fecha de la presente, no han aportado fianza ni designado bienes" para ello.
Por eso, el juzgado ordenaba "el embargo de los bienes de los investigados a fin de asegurar las cantidades requeridas", hasta un total de cinco millones de euros, lo que se traducía en el embargo de "las cantidades que posea en las cuentas corrientes" Magrudis S.L. más cinco vehículos ya intervenidos en el marco de la investigación y los enseres, muebles y maquinaria industrial de su nave; "las cantidades que posea en las cuentas corrientes" José Antonio Marín, lo mismo para Sandro José Marín además de un coche de su propiedad ya intervenido, sus participaciones en la empresa y sus derechos sobre la marca "La Mechá del todo natural", entre otros bienes.
A Elaborados Cárnicos Mario S.L. se le embargaban también las cantidades de sus cuentas y sus enseres y maquinaria, a Encarnación Rodríguez lo mismo y sus derechos sobre un plan de pensiones, a Mario Marín Rodríguez lo mismo y sus derechos sobre la citada empresa Elaborados Cárnicos Mario S.L. y respecto a María Isabel Rodríguez Jiménez, las cantidades de sus cuentas y su titularidad al 50 por ciento de una vivienda de Dos Hermanas.
