Nada se construye sin respeto, ninguna obra humana es posible, ni material ni intelectual. Respeto por nosotros mismos y para los demás, respeto para la gente que queremos, respeto por nuestro trabajo y por el de otros, respeto por nuestros hijos y por nuestros mayores, respeto por lo que defendemos y, sobre todo, respeto hacia quienes son diferentes a nosotros y piensan distinto. ¡Qué vértigo tan enorme entra cuando, en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, se mira hacia abajo, hacia los escaños del banco azul del Gobierno, y se comprueba que su estrategia política para consolidarse en el poder está sustentada en la falta de respeto! En una democracia como la nuestra, en cuarenta años, nunca habían estado tan amenazada como ahora la independencia de los distintos poderes e instituciones del Estado, que es algo primordial para que podamos disfrutar de una democracia plena. Antes de llegar al poder, Pedro Sánchez ya había demostrado que era capaz de cualquier cosa con tal de cumplir sus ambiciones, algo que consiguió descabalgando de la Presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy, que había ganado las elecciones. Nunca había sucedido en democracia algo así, pero con Sánchez sucedió. Lo mismo que, con posterioridad, ningún presidente se había sustentado en el voto de los independentistas, como ninguno, ni socialista y conservador, le había faltado al respeto a las víctimas del terrorismo pactando con Bildu, los herederos de ETA.
El respeto no existe para Pedro Sánchez y en su nueva ofensiva, que es la más peligrosa de todas, ha atacado gravemente la independencia del Poder Judicial y el papel institucional de su majestad el rey, Felipe VI, como jefe del Estado. Al vetar su presencia en el acto celebrado por el Poder Judicial en Barcelona, el presidente del Gobierno ha demostrado que su único interés es convertir la democracia española en lo que, constitucionalmente, ni ha sido ni podrá ser nunca: un sistema presidencialista en el que no existe separación de poderes. El Gobierno no ha sabido explicar las razones que han existido para vetar la presencia del rey porque, sencillamente, esas razones no existían, se trataba de un gesto político buscado por Pedro Sánchez para mostrarse por encima de los demás poderes del Estado y del propio Jefe del Estado. Eso es lo que pretendía y, por esa razón, es intolerable lo sucedido. Con insólito cinismo, intentan culpar al Partido Popular de estar perjudicando a la monarquía parlamentaria por no haber callado ante este atropello democrático.
Pero es que, para colmo de desfachatez, hasta han culpado al Poder Judicial y al propio Felipe VI de “falta neutralidad política”, como ha hecho Pablo Iglesias, con la peregrina excusa de que el artículo 1.2 de la Constitución dice que “la soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado”. Pues precisamente por eso es intolerable lo sucedido, porque esa misma Constitución, en el artículo 117.1 señala que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados”. Es decir, que cuando han vetado a don Felipe VI en el acto del Poder Judicial a quien han vetado de verdad es al pueblo español, la soberanía popular, representada en el Jefe del Estado. A todos estos que defienden revoluciones reaccionarias, que como bien sabemos por Venezuela tendrían que llamarse “involuciones dramáticas”, habría que recomendarles que empiecen leyendo a los suyos. Por ejemplo, que el presidente Pedro Sánchez aprenda de un socialista como Fernando de los Ríos, cuando sostenía que la principal revolución pendiente en España es la del respeto.