Así lo dijo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que destacó la inclusión en el proyecto del nuevo delito de piratería, antes no regulado, para responder ante acciones ilegales como el secuestro del atunero español Alakrana en aguas del Océano Índico.
En este proyecto se recogieron algunas de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en sus respectivos informes expusieron algunas críticas al proyecto.
En concreto, la reforma establece una serie de medidas de control extraordinarias para terroristas y delincuentes sexuales –especialmente pederastas–, entre las que se incluye un periodo de libertad vigilada de 10 años revisable una vez que hayan cumplido su condena.
El anteproyecto que fue enviado al CGPJ contemplaba para esa libertad vigilada un periodo de 20 años y el órgano de gobierno de los jueces considero que era de “difícil justificación”.
Otra de las novedades de la reforma es la sustitución de la pena de cárcel para los delitos de venta de material audiovisual ilegal, el conocido como top manta, por penas alternativas de trabajo a la comunidad.
Una de las medidas con mayor trascendencia del proyecto es la relativa a los delitos de corrupción, ya que, entre otras cosas, se contempla el delito de corrupción entre particulares y la responsabilidad de las personas jurídicas, se tipifica de manera más exhaustiva el delito de cohecho, también en el ámbito empresarial, y se aumentan las penas para delincuentes urbanísticos, que se verán privados de sus ganancias.
Tanto la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como el titular de Justicia, Francisco Caamaño destacaron durante la rueda de prensa la importancia de esta reforma penal para ser “implacables” en la lucha contra la corrupción.
“El Estado se dota de instrumentos más eficaces ante los delitos que más afectan a los ciudadanos, se ocupa de las víctimas del delito y no sólo de los delincuentes”, añadió Caamaño.
Se trata de un proyecto, según el ministro, hecho desde la responsabilidad, que no es una “reacción irreflexiva” ante casos que han generado alarma social y que busca un “equilibrio claro entre la gravedad del delito y la pena”.
Además se faculta a los jueces para que ponderen la “individualidad” de las penas a imponer según cada caso, y se establecen para delitos de menor gravedad “alternativas punitivas”, como trabajos en beneficio de la comunidad.
