Las organizaciones del sector comercial Anged, CEC, Acotex y FECE ven con preocupación el impacto que sobre la actividad comercial podría tener la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo, como se ha propuesto en diversas enmiendas al proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal.
Como ya ha señalado el Banco Central Europeo (BCE), es una medida desproporcionada, que puede poner en cuestión el concepto de curso legal del dinero. Los expertos consideran que puede afectar a la recuperación del consumo y la actividad de los sectores más golpeados por la crisis, como el comercio y el turismo.
En un dictamen de febrero de 2019, el Banco Central Europeo ya advertía a España de que imponer un límite de 1.000 euros al pago en efectivo, como medida de lucha contra el fraude, podía ser desproporcionado. Entre otras razones, el supervisor bancario recordaba que “la posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago”.
El BCE añadía que “permite al pagador controlar sus gastos. No tiene una comisión por su uso, siempre puede usarse y facilita la integración en la economía del conjunto de la población”.
Las organizaciones del sector recuerdan que los límites existentes para pagos en efectivo en Francia (1.000 euros) no han logrado reducir la economía sumergida de forma significativa mientras que países que carecen de límites para los pagos en efectivo como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos.
Consideran que “en un momento de gran incertidumbre para la economía y desplome de la demanda, no parece razonable establecer barreras al consumo y costes adicionales de transacción, como los ocasionados por las comisiones del pago y posesión de tarjeta. Una inmensa mayoría de los consumidores continúa haciendo sus compras en metálico”, concluyen.
