La pandemia ha agravado las cifras del paro, la precariedad, la siniestralidad y la desindustrialización que sufría la provincia de Cádiz antes de marzo pasado. Con presencia en las calles desde el inicio de la desescalada, UGT y CCOO, por un lado, CGT, Confluencia Sindical y Vox, por otro, se manifestaron este sábado en la capital para lanzar un mensaje de auxilio a unas administraciones que solo han podido ofrecer hasta ahora insuficientes medidas paliativas para contener la destrucción de puestos de trabajo, autónomos y empresas.
El verano dará un respiro. La reactivación del turismo, motor económico de la provincia, despierta optimismo. Pero los déficits estructurales del mercado laboral enlentecerán la recuperación. Los expertos advierten, asimismo, que la falta de formación también es un obstáculo: la práctica totalidad de los empleos destruidos es de baja o media cualificación. Confían, asimismo, en la llegada de los fondos europeos de recuperación y en la capacidad para atraer inversiones vinculadas a la logística y las nuevas tecnologías, dos de los sectores con más futuro.
Entretanto, los afectados toman la palabra para denunciar la discriminación para los parados de más de 50 años, la falta de oportunidades y los sueldos irrisorios para quienes están por debajo de la treintena y, finalmente, las mujeres que, si tienen la suerte de estar asalariadas, sufren serios problemas para conciliar. La incertidumbre de quien teme perder su ocupación y la desesperanza de quien no la encuentra se hacen insportables un años después del Covid.
“Me han dicho en toda la cara que buscaban a alguien más joven”
Manuel Fedriani no daba crédito a lo que escuchaba pero no cabía lugar a dudas. La entrevista de trabajo se acabó súbitamente cuando el responsable de recursos humanos le dijo claramente, con todas las letras, “en toda mi cara, que buscaban a alguien más joven”. Lo hizo justo después de subrayar que su experiencia profesional se ajustaba al perfil.
Fedriani, isleño, uno del medio centenar de trabajadores que se quedó en la calle con el cerrojazo de LTK en diciembre del año pasado, lamenta que “no es la primera vez” desde que se quedó en paro. Hubo una ocasión anterior en la que, al menos, el entrevistador fue más delicado. “Solo sugirió que el problema eran mis 52 años”, relata sin ocultar enfado e impotencia.
Su caso es, lamentablemente, común. La Fundación Adecco y la Fundación Seres concluyen en un reciente estudio que un 40% de los seleccionadores admite descartar los currículos de los profesionales sénior de forma automática. Además, un 75% de los desempleados mayores de 55 años ha asumido que no volverá a trabajar nunca. “Los compañeros más jóvenes han conseguido recolocarse, el resto no tenemos muchas oportunidades”, agrega.
Administrativo oficial de segunda, con catorce años de experiencia en la compañía logística, ha conseguido digerir la nueva situación, después de unos meses “muy duros, sin apenas dormir, preguntándome si podría haber hecho algo más por la empresa”. El cierre era inevitable porque Alestis rompió los contratos con LTK. Pero “necesitaba un porqué” que explicara cómo había pasado de una buena ocupación a la incertidumbre absoluta.
Optimista, conserva la esperanza de conseguir trabajo para evitar que su situación de desempleo se convierta en una transición precaria a la jubilación.
“¿Vocación? Con 600 euros es muy difícil perseguir tus sueños”
El coronavirus impidió que A. firmara su contrato al término del periodo de prácticas de dos meses en un estudio de arquitectura. “Nadie sabía qué estaba pasando y nos mandaron a casa” en vísperas del estado de alarma, recuerda. Con solo 25 años, terminó a finales de 2019 y encontró ocupación pronto. Se las prometía muy felices, pero la pandemia frustró sus planes.
“Llegué a sufrir ansiedad”, admite, durante las primeras semanas, hasta que resolvió sacar provecho del confinamiento. “Me matriculé en un máster y la idea era irme a Sevilla pero continué en casa de mis padres por seguridad”, explica. Para costearse la especialización trabajó como auxiliar de playa. Y ahora, finalizado el curso, “empiezo a moverme otra vez”.
Es optimista. “Estoy convencida de que será más fácil colocarse ahora que en 2020”, sostiene, pero asume que le quedan años duros por delante. “He intentado ahorrar para no depender de mis padres, pero me preocupa emanciparme con mi pareja. Damos por hecho que necesitaremos ayuda familiar en el futuro. Los sueldos no dan”, lamenta. No en vano, un joven gaditano debería ganar un 81% más para poder comprar un piso y el paro impide emanciparse al 84,1% de los jóvenes andaluces.
“Lo máximo que he cobrado ha sido como camarera, unos 1.200 euros más las horas extra”, apunta por su parte D, licenciada en Filología Hispánica y empleada en una editorial cuyo contrato también debió firmarlo en marzo pasado, pero la crisis sanitaria lo impidió. De vuelta a casa de su madre ante la precaria situación por las restricciones para frenar el avance del Covid, reconoce que la vuelta a Jerez, “al barrio de siempre”, después de haber probado fortuna en Londres o Barcelona, la ha vivido como “un fracaso”.
Y se plantea seriamente renunciar a sus sueños profesionales. “La vocación está sobrevalorada”, sostiene. “Con 600 euros de nómina es muy complicado perseguir tus objetivos”. Actualmente intenta ingresar lo máximo para hacer frente a un año en blanco durante el que preparará unas oposiciones como docente de Secundaria.
No le resulta fácil. La tasa de paro juvenil se disparó un 10% durante 2020. Hay pocas opciones y las que se le presentan, como ha sido habitual hasta ahora, son precarias. Con 25 años, acumula “muchas horas en negro”, tras haber ejercido puntualmente como azafata de eventos o promotora. “Es frustrante”, reconoce, porque “es necesario acumular experiencia pero, en estas condiciones, acaban jugando con nuestra necesidad”.
“Mi madre paga toda la comida y me ha prestado dinero en alguna ocasión”
El dueño del local donde A. regenta una peluquería desde hace ocho años y medio solo le va a cobrar este mes la mitad del alquiler. A. necesita un respiro después de que la facturación haya caído un 70% en el último año. La empleada, su hermana, no ha recibido su nómina completa en alguna ocasión en los últimos tiempos para echar una mano.
“Con la desescalada, después del encierro no parábamos, pero ahora, como no hay eventos, la gente no viene”, lamenta. Acuciada por el lastre económico de su divorcio y madre soltera por decisión propia, agradece, no obstante, la atención de sus clientas que, precisen o no de sus servicios, están pendiente de su pequeño, al que no le falta de nada, especialmente cariño y amor de cuantos rodean a esta familia, en la que la abuela también tiene un papel fundamental. “Paga toda la comida y me ha prestado dinero en más de una ocasión”, admite A, quien sufre especialmente la pandemia por su situación de vulnerabilidad anterior a la crisis sanitaria.
“El 50% de las mujeres con familias monoparentales se encuentran en situación de pobreza y dos tercios afirman no llegar a final de mes ni tener capacidad para afrontar gastos imprevistos”, asegura, al respecto, Miriam Tormo, responsable andaliza de la Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE), y atrapadas en la precariedad. “Si no puedes disponer de la familia, no puedes formarte”, explica. “Si pierdes el trabajo o te quedas sin prestación corres el riesgo, además, de desconectar del mercado laboral”, agrega. “Pero -advierte-, también hay muchas mujeres que tienen que renunciar a un buen trabajo porque no le permite conciliar o atender a los pequeños como uno quiere”.
Para romper con el círculo vicioso haría falta voluntad política. Sin embargo, ni tan siquiera ha existido sensibilidad con un colectivo que representa el 10% de los hogares en España. Durante lo más duro de la pandemia, y pese a que los colectivos se movilizaron con contactos al más alto nivel institucional, se quedaron sin permiso retribuido 100% para poder reducir la jornada sin pérdida de salario; precios bonificados para el acceso a espacios y servicios públicos de cuidado y medidas de apoyo domiciliario en los cuidados; o flexibilidad horaria de la jornada laboral, entre otras de las propuestas que pusieron sobre la mesa.
“Hay que regularizar nuestra situación”, insiste Tormo, quien cita el artículo 23 de la Ley de Igualdad de Andalucía para reclamar especial atención por parte de la Junta, así como el fomento de la formación profesional para el empleo y la incorporación de las mujeres al trabaja por cuenta propia o ajena y el acceso a las nuevas tecnologías, especialmente aquellas de mayor edad o especialmente vulnerables.
El colectivo ha reanudado el diálogo con los políticos y considera que el anuncio de una ley nacional de diversidad familiar es buena noticia, pero no guarda mucho optimismo en cuanto a que los gobiernos sean capaces de dar respuesta.
