La Audiencia Provincial de Huelva ha absuelto a dos repartidores de una empresa de reparto acusados de haber estafado unos 70.000 euros a una empresa de telefonía mediante la entrega de más de un centenar de terminales móviles cuyas contrataciones se habían llevado a cabo de forma fraudulenta.
La Fiscalía solicitaba para ellos por un delito continuado de estafa la imposición de una pena de 5 años de prisión para cada uno y multa de 1.800 euros, así como el pago de una indemnización a Vodafone en la cantidad de 10.170 euros.
Sin embargo el tribunal, en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, precisa que "si bien los hechos que se declaran probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa, de las pruebas practicadas en el acto del juicio no ha quedado acreditado con la seguridad y certeza que requiere todo pronunciamiento penal condenatorio, la autoría por parte de los acusados de los hechos objeto de imputación".
Además, añade que "no hay prueba alguna indicativa de que los acusados participaran en la trama defraudatoria, sólo constan sospechas sin entidad suficiente para constituir una prueba de dicha naturaleza y por tanto procede dictar sentencia absolutoria".
Las actuaciones se iniciaron por la denuncia presentada por Vodafone después de que una de sus trabajadoras detectara que se estaban produciendo diversas reclamaciones de clientes que manifestaban no haber contratado una serie de altas junto con unos terminales asociados.
Por ello, la empresa inició una investigación en la que encontraron características comunes y relacionaron 106 teléfonos que habían sido solicitados a través de contrataciones utilizando los datos de clientes de Vodafone-Ono y todos se habían hecho a través de internet, siendo en todos ellos las direcciones de entrega de los pedidos en la provincia de Huelva.
Sin embargo, la mayoría de las direcciones de facturación de los clientes se localizaban en otras provincias, habiéndose producido una modificación en las direcciones por parte de un agente de la agencia GSS de Perú con la que trabajaban sin que existiera motivo para dicha modificación, y los teléfonos de contacto que facilitaban tampoco se correspondían con los de los clientes reales.
Las sospechas contra los acusados surgieron porque fueron quienes habían entregado la mayoría de los terminales telefónicos y también apreciaron que algunas de las direcciones de entrega no se correspondían con domicilios reales, si bien, la Audiencia entiende que tal circunstancia "no es suficiente para determinar la coautoría de los acusados en el delito de estafa que se les imputa".
El prejuicio causado a la empresa Vodafone asciende a la cantidad de 69.978 euros, aunque han recuperado la cantidad de 59.808 € que le ha sido abonados por la Agencia GSS Perú en concepto de responsabilidad contractual.
