Con la llegada de la nueva normalidad, hemos estrenado cambios en la estrategia del Gobierno central respecto a las críticas constantes de la Junta de Andalucía. En ocasiones precedentes nos hemos preguntado:¿quién defiende, difunde, informa o simplemente hace pedagogía en nuestra comunidad sobre la gestión del ejecutivo nacional? Ante la incomparecencia o incapacidad de la delegación del Gobierno en Andalucía, del PSOE andaluz y de Adelante Andalucía (Podemos y IU), la Junta de Andalucía y los partidos que la sustentan han tenido el camino expedito en los últimos meses para intentar crear una corriente de opinión, casi un marco mental en los andaluces de que Moncloa y Pedro Sánchez castigan por su código postal a Andalucía, como volvió a denunciar días atrás el presidente Moreno, solo 24 horas después de que en un tono conciliador con el resto de administraciones convocara en nombre de lo común para la recuperación económica. Era sonada también la ausencia de los ministros, especialmente de los andaluces, aunque les sirva de eximente que ya tienen lo suyo con la monumental crisis que están gestionando.
Pasado ya el Estado de Alarma, ha llegado el tiempo de defender la gestión política y la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, ha sido la primera en señalar el camino: se acabó jugar de tacón en un campo embarrado donde te están pegando continuamente patadas con los tacos en el menisco. La también portavoz del Gobierno ha enseñado los dientes y ha trasladado a los andaluces varios mensajes que seguro vamos a escuchar machaconamente en adelante: que el Gobierno central está comprometido con Andalucía; que la Junta no se limita a confrontar, hace ya directamente frentismo con cifras falsas para ocultar su incapacidad, y que la menor incidencia de la pandemia en nuestra comunidad no se debe a la gestión anticipatoria de la Junta, sino al confinamiento y a la fortaleza de la sanidad pública andaluza en la que el PP nunca creyó. Se acabó, por tanto, no entrar al trapo ante el ataque permanente de San Telmo.
Posdata. Sobresaliente la victoria esta semana del exprimer teniente alcalde de Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, a quien el CGPJ le ha dado la razón al reconocer el “anormal funcionamiento” de la justicia por la enorme dilación de un proceso en el que fue absuelto y que le costó la carrera política y casi la vida. Ahora, este histórico dirigente de IU pide que sea la funcionaria que cometió el error, es decir, la jueza Mercedes Alaya, quien abone la indemnización que deberá establecer el Ministerio de Justicia.
