La Audiencia de Almería acoge en septiembre la vista oral contra los ocho integrantes de la organización internacional que fue desmantelada en mayo de 2010 acusada de explotar sexualmente a mujeres de nacionalidad nigeriana, a quienes coaccionaban presuntamente con vudú, palizas y hasta el secuestro de sus hijos.

   Los procesados se enfrentan a penas de entre 20 y dos años de prisión en un juicio que dará comienzo el día 2 y se prolongará a lo largo de cuatro sesiones más, señaladas para los días 3, 6, 15 y 16 de octubre, cuando esta previsto que la vista oral quede vista para sentencia.

   La red, que facilitaba la entrada en España de las víctimas con falsas promesas de trabajo, las obligaba a ejercer la prostitución en clubes de alterne localizados en los municipios de Vícar y Roquetas de Mar (Almería) para saldar de este modo una supuesta deuda que generalmente fijaban los procesados en 50.000 euros.

   El Ministerio Público indica que algunas de las mujeres fueron trasladadas a países europeos como Alemania, Francia o Dinamarca para que siguieran siendo explotadas después de un tiempo en la provincia y tras haber llegado territorio español en patera tras una larga travesía desde sus países de origen hasta Marruecos.

   El escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, distingue dos estratos en la red de trata de blancas. En el escalón más alto sitúa a las procesadas M.R.; L.G.N. alias 'Sonia'; R.O. y E.O., así como a V.E.J., de quienes sostiene que mantenían desde 2005 "una relación estable con otras personas residentes en Nigeria" cuyo fin era "facilitar" la entrada en España de mujeres de este país "para hacerlas objeto de explotación sexual".

SE LES PROMETÍA UN CONTRATO DE TRABAJO

   Las víctimas, según subraya, accedían la "mayoría de los casos" a venir a España ya que los integrantes del grupo les "prometía" un contrato de trabajo "bien en tareas domésticas, bien en el sector agrícola y similares, teniendo en cuenta la muy difícil situación económica existente en Nigeria y la escasez de medios de vida allí existentes".

   Una vez que estaban en el país, eran trasladadas a locales de alterne donde se les comunicaba que debían ejercer la prostitución "bajo la amenaza, en caso de negarse o huir, de causarles daño a ellas o a sus familias mediante rituales vudú de fatales consecuencias según sus creencias".

   En concreto, los acusados exigían presuntamente que les hicieran entrega de "ropa interior con sangre, pelos y uñas para poder hacerles vudú y también a sus familias".

   Se les informaba, asimismo, de que debían saldar una supuesta deuda contraída por su viaje hasta España, que solían fijar "generalmente en 50.000 en torno a 50.000 euros aunque era difícil de pagar en la medida en que se incrementaba al tener que pagar ellas su manutención a las 'mammys' que las controlaban".

   El Ministerio Público hace hincapié en que las víctimas debían ejercer "a cualquier hora del día, todos los días sin excepción, sin capacidad de para elegir o no al cliente y en condiciones higiénicas indeseables".

   En un segundo escalón de la red estarían las acusadas F.A. y P.L., así como B.D.O quienes colaboraban "en la entrada en España de las mujeres nigerianas en situación irregular para que se dedicaran a la prostitución, beneficiándose de las ganancias obtenidas, o bien facilitando sus domicilios para que ejercieran, beneficiándose igualmente de las ganancias".

   La Fiscalía imputa a los integrantes de la red la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución, y falsedad, así como a faltas de lesiones.