El titular del Juzgado de Instrucción numero 1 de Marbella (Málaga) ha citado para la próxima semana al menos a ocho personas en el procedimiento abierto por un caso urbanístico donde están imputados el actor Sean Connery y su mujer.

El magistrado les ha citado a todos ellos en calidad de imputados, por lo que deberán ir acompañados con sus correspondientes letrados, y sus declaraciones se realizarán el próximo jueves y viernes, según informaron a Efe fuentes judiciales.

El titular del Juzgado intenta dirimir si se ha cometido una serie de delitos, entre ellos blanqueo de capitales tras la recalificación de una parcela de Sean Connery situada en Marbella y conocida como Malibú.

En esta fase de declaraciones no ha sido citado el actor ni su mujer, según las fuentes, que añadieron que todavía no han sido llamados por el instructor.

El actor -que veraneó durante años en Marbella- y su mujer figuran entre los imputados por unas diligencias previas abiertas hace tiempo por una cuestión urbanística, y que suma más de una veintena de imputados.

La operación urbanística fue amparada por el ex alcalde marbellí Jesús Gil y Gil; ya que se recalificó el terreno donde estaba el chalé en Marbella del actor y que el juez investiga la presunta comisión de los delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales y blanqueo de capitales.

La operación policial se denomina Goldfinger, en referencia a la película de 1964 en la que Sean Connery interpretó el papel del agente británico James Bond.

Durante sus estancias vacacionales en Marbella hasta 1999, el actor residía con su mujer en el chalé Malibú, sobre cuya parcela -en primera línea de playa- se sitúa hoy un edificio de cuatro alturas, terminado entre 2004 y 2005 y conocido con el mismo nombre del anterior inmueble.

Por otra parte, la Sección Primera de la Audiencia provincial de Málaga, que juzgará el caso Malaya, ha ordenado deducir testimonio para que se investigue y persiga en un procedimiento penal separado el contenido de las conversaciones telefónicas grabadas por la Policía Nacional al abogado Antonio Gijón, en las que aparece la inspectora de Urbanismo de la Junta María José Mata.

Se trata de las mismas escuchas telefónicas que motivaron la dimisión de Mata como delegada provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio el 22 de mayo de 2008, apenas tres días después de su nombramiento, y tras conocerse que había montado una empresa inmobiliaria y de asesoramiento jurídico con un letrado investigado en la operación contra la corrupción en Marbella.

El órgano judicial toma esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ya que ninguno de los dos ha sido procesado ni imputado en el caso.

Hace dos años, el responsable de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, anunció que se investigaría el contenido de las conversaciones telefónicas entre Gijón y Mata.

Mata montó una empresa, de la que poseía el 10% de la acciones, con Gijón, al que la Policía, en la investigación del caso Malaya, pinchó el teléfono tras una conversación con Isabel García Marcos en diciembre de 2005.