Marga Prohens quiere acabar con los engorrosos trámites burocráticos en Baleares. El Govern está ultimando y aprobará en breve, -está previsto que entre en vigor en el primer semestre de 2024-, una ley ómnibus de Simplificación Administrativa para la “reducción de toda la maraña legislativa, eliminación de burocracia y la agilización de trámites de los ciudadanos de las islas con la Administración”. La simplificación de la Administración es uno de los retos de esta legislatura para el Ejecutivo balear.
Un proyecto que contará con una partida de cinco millones de euros procedentes del factor de insularidad y que incluye varias reformas en una. Entre ellas, la creación de una Carpeta Única Digital en todas las administraciones para trabajadores, autónomos y empresas, en la que conste toda la documentación para las actuaciones, servicios utilizados, titulaciones, etc. de un mismo usuario y evitar así presentar una y otra vez la misma documentación cada vez que haya que hacer algún trámite. También garantizará la presencialidad de la atención a los ciudadanos y eliminará la cita previa obligatoria, especialmente para combatir la brecha digital que padecen, sobre todo, las personas de más edad.
El proyecto contempla, así mismo, reforzar la figura de la declaración responsable para acabar con los cuellos de botella administrativos cronificados, sobre todo, en la Comisión Balear de Medio Ambiente y en la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern. La ley incluirá también la creación de una nueva Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (ABADICTEC), que se encargará de coordinar y ejecutar las políticas de ciberseguridad y transformación digital.
Ley de Mercado Abierto para las empresas
Los planes del Govern para agilizar la burocracia administrativa en las islas también incluyen a las empresas. Prohens tiene previsto aprobar una ley de Mercado Abierto para facilitar la apertura de nuevos negocios reduciendo trámites. Una regulación como la que Isabel Díaz Ayuso aprobó en el año 2022 para Madrid que eliminó barreras para trabajar en dicha comunidad y facilitó prestar servicios sin necesidad de una autorización adicional, reduciendo el tiempo de trámites para emprender. Con esta normativa Madrid se convirtió en la primera región española en quitar barreras para trabajar y prestar servicios. Prohens quiere ahora importar la ley de Mercado Abierto para Baleares, que es una adaptación de la Ley de Mercado del Gobierno de Mariano Rajoy de 2013, que fue tumbada por el Tribunal Constitucional al considerar que esas atribuciones no corresponden al Estado sino a las Comunidades Autónomas. Una reforma que apela al espíritu de la Unión Europea que, entre otras cosas, pide a España el desarrollo legislativo preciso para avanzar hacia la unidad de mercado, en vez de contar con 17 normativas diferentes.
Margalida Prohens, se ha comprometido con los empresarios a avanzar hacia la simplificación administrativa con el fin de facilitar la inversión. “Las administraciones no pueden ser un problema para aquellos que invierten y generan riqueza, oportunidades y bienestar a los ciudadanos de las Islas Baleares”, ha manifestado la presidenta ante el sector empresarial. Prohens ha avanzado la puesta en marcha de una Unidad Aceleradora de Inversiones, y ha asegurado que seguirá defendiendo, tanto ante el Gobierno central como ante las instituciones europeas, compensar los sobrecostes de la insularidad, así como la necesidad de devolver el protagonismo a las empresas.
Sin ayudas por la complejidad de las solicitudes
En el ámbito de los Servicios Sociales los ciudadanos de Baleares pierden oportunidades por la dificultad que tienen para conocer las ayudas a las que tienen derecho y la complejidad de las gestiones que tienen que realizar para obtenerlas. El Govern va a implantar una “Tarjeta Social” que permita conocer al ciudadano, en tiempo real, las prestaciones, asistencias y ayudas sociales de las cuales es beneficiario. Una tarjeta que se podrá utilizar para cualquier trámite en un Registro Unificado de Servicios Sociales, que contará con una historia social y sanitaria unificada e informatizada para conseguir una Administración diligente.
El Govern cree que la obtención de las ayudas a las que tienen derecho los ciudadanos resulta demasiado complicada. La jerga administrativa resulta incomprensible y la falta de información sobre las subvenciones hacen que éstas permanezcan desiertas. El ingreso mínimo vital (IMV), prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecen de recursos económicos, que ofrece el Gobierno de España a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, es una de las subvenciones que no está teniendo la eficacia debida en Baleares, donde el IMV no llega al 68% de los posibles receptores. Según detalla un contundente informe la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo encargado de vigilar el comportamiento económico y fiscal de las administraciones, existen diversos problemas que lastran la concesión de ayudas, entre ellos los complejos trámites administrativos. La AIReF, explica que Baleares, Castilla-La Mancha y Cataluña son las tres comunidades donde menos se ha desplegado la ayuda.
Recientemente, el Gobierno Central ha abierto la mano a ceder la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten. Baleares ya ha manifestado que prefiere gestionar el Ingreso Mínimo Vital por sí misma ya que, en palabras de Catalina Cirer consellera de Familias y Asuntos Sociales, “ha sido una prestación muy mal gestionada que no ha llegado a las personas que lo necesitaban ni en tiempo ni forma», aunque antes “hay que saber cómo se transferirá y con qué recursos”.
Las ayudas europeas también se ven frenadas por la compleja burocracia. Las islas Baleares han perdido buena parte de las ayudas procedentes de fondos europeos para el autoconsumo eléctrico, se trata de más de 300 millones de euros a las que tienen derecho sus ciudadanos y empresas por un sistema de reparto demasiado complejo. El Ejecutivo balear exige eliminar trabas burocráticas para tramitarlas, a lo que desde el Gobierno central responden que los gobiernos autonómicos tienen las herramientas necesarias para poder hacerlo.
