El titular del juzgado de instrucción número 1 de Marbella, Ricardo Puyol, ha impuesto una fianza de más de 60 millones de euros por responsabilidad civil a los principales imputados en el 'caso Goldfinger', entre ellos, el actor escocés Sean Connery.

Además figuran como imputados la mujer del actor británico, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y los principales socios del bufete de abogados que llevan la representación legal del actor.

Según ha informado la Cadena SER, el juez da a los imputados un plazo de diez días para hacer frente a esta fianza. En caso de que no pudieran responder se ordenaría el embargo de sus propiedades y si alguno se declarase insolvente, se instaría a la Agencia Tributaria y a la Policía Judicial a que investigue si los acusados habrían ocultado su patrimonio.

El auto recoge además que los imputados deben responder de forma conjunta y solidaria a la fianza teniendo en cuenta las operaciones urbanísticas que tuvieron su inicio en la finca que el actor tenía en Marbella y que se llamaba "Malibú".

Entre los imputados, también se encuentra el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, y los principales socios del bufete de abogados que defienden al actor escocés Sean Connery y a su mujer.

El juzgado investiga el convenio suscrito por el Ayuntamiento de Marbella, siendo alcalde Julián Muñoz, y la sociedad Malibú S.A. y otro convenio con otra empresa sobre una parcela colindante, así como las licencias concedidas en la parcela donde el actor tenía su chalé y donde se construyeron 72 apartamentos.

En una nueva fase de la instrucción, el juzgado investiga varias operaciones en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados de Marbella, que "representa los intereses económicos" del actor escocés y su mujer, según los investigadores.

La Agencia Tributaria cifra en 53 millones el beneficio de la explotación de la promoción Malibú a través de una operación inmobiliaria, según un informe que consta en las actuaciones.

Además se argumenta que parte de los beneficios son transferidos finalmente al exterior, en su mayor parte al Reino Unido y a Uruguay, ascendiendo el total a más de 37 millones de euros.