Cinco hosteleros recibieron el mismo día una notificación municipal en la que se les hacía saber que desde este lunes se precintarían sus equipos audiovisuales, pues también entraría el televisor como un elemento más del sistema.
En nombre de los empresarios rebelados, Carlos Téllez explicó que el Ayuntamiento no se puede basar en la denuncia de un vecino para clausurar los equipos de un establecimiento y con ello dejarlo vacío de clientes, pues en la mayoría de los casos se trata de locales que necesitan la música y el televisor para tener clientela. Además, junto a otros compañeros de gremio, argumentó que no se han hecho pruebas para medir el ruido, y todo cuando varios empresarios han realizado en sus locales inversiones para acondicionarlos y homologarlos a la Ley vigente en materia de contaminación acústica, señalaron.
Además, esgrimieron que los empresarios son los primeros en poner medidas personalmente para evitar los ruidos en la calle. También denuncian la pérdida de puestos de trabajo que la merma de clientela como consecuencia del precintado ocasionaría en los negocios.
Para colmo, aseguraron que la Ley antitabaco sólo les está ocasionando problemas, ya que al no poderse fumar en los locales, la gente sale con mayor frecuencia a la calle, provocando a su vez ruidos y molestias en la vía pública que no son atribuíbles al bar o a su propietario. En este sentido, también recordaron que pagan impuestos, entre ellos por la instalación de veladores.
Los hosteleros apelaron el modelo de Cádiz, donde se ha concedido a numerosos establecimientos públicos un plazo de dos años para acondicionar sus locales a las nuevas y estrictas normas de Medio Ambiente. “Pero de golpe no se puede hacer, porque algunos estamos en locales alquilados y tenemos que pagar, pero así no vamos a poder pagar a nadie”.
"Llegaron en mal momento”
El delegado municipal de Medio Ambiente, Rafael Barrios, lamentó que la pequeña rebelión de los empresarios se produjera en plena asamblea del PSOE, cuando en realidad no era el foro apropiado, matizó.
El mismo añadió que esos empresarios no representan al sector en pleno, que no todos son propietarios y que sus negocios tienen distinta naturaleza o epígrafe aunque estén vinculados al ocio, con lo que quiso explicar que no todos están en las mismas circunstancias.
También declaró que en algunos casos son “ infractores de normativas ambientales o de disciplinas de licencia; son personas que, por distintas razones, tienen expedientes abiertos en Medio Ambiente”.
La mayoría de los expedientes surgen de denuncias vecinales en las que se han visto implicados la justicia, el defensor del ciudadano y la Federación de Asociaciones Vecinales de Arcos. Barrios se mostró dispuesto a oír a los empresarios “como hago todos los días”, pero también aseguró que en más de un caso se trata de expedientes que arrastran varios años.
“Son leyes que no tienen nada que ver con lo que diga un concejal. Medio ambiente ejecuta algo que es de su competencia y responsabilidad, pero nuestra intención es solucionar problemas vecinales, porque se trata de convivencia, en los que todos tienen que poner de su parte. Si la Ley ampara a un denunciante, el Ayuntamiento no puede contravenirle. Como delegado, mi objetivo último sería solucionar con los recursos que tenemos en la mano los problemas de convivencia”, concluyó el delegado.
Así nacen los expedientes contra los locales
Todos los expedientes se inician cuando se produce una denuncia o bien vecinal o de la Policía, y la misma denuncia es corroborada por informes de técnicos municipales de distintos departamentos y por las actas de la Policía Local; es decir, se trabaja sobre esa base documental, a lo que se añaden informes periciales de técnicos específicos, como el experto de Diputación; institución que tiene un convenio con los ayuntamientos y que envía un especialista a hacer mediciones.
Posteriormente, La Delegación municipal de Medio ambiente, con los datos recabados, tiene que seguir el expediente y según la infracción que se haya cometido y quede demostrada científicamente, se procede a una sanción u otra, que puede ser de distintos tipos. En concreto, las de precinto tienen que ver con que no se está cumpliendo las condiciones del locales respecto a la licencia emitida inicialmente.
El Ayuntamiento tiene una comisión interdisciplinar para el seguimiento de estos casos, en la que participan técnicos de Urbanismo y Medio Ambiente, la Policía y el cuerpo jurídico .
