Andalucía
Desciende un 8,4% el número de desamparos de menores decretados en Andalucía en el último año
Pasando de los 1.343 a los 1.229, según los datos oficiales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
El número de desamparos de menores decretados en Andalucía en 2010 ha sido un 8,4 por ciento más bajo que el del año anterior, pasando de los 1.343 a los 1.229, según los datos oficiales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social a los que tuvo acceso Europa Press.
Este descenso fue especialmente significativo en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, donde el número de menores desamparados bajó hasta en más de 40 menores. Concretamente, en la provincia gaditana se decretaron 101 desamparos en 2010 (48 menos que en 2009), 197 en Sevilla (47 menos) y 218 en Málaga (42 menos).
También se produjeron menos situaciones de desamparos de menores en Huelva (14 menos), en Jaén (7) y Almería (2 menos). Por contra, en Córdoba se registraron cinco más que en 2009 y en Granada, un total de 41 más, pasando de los 180 decretados en 2009 a los 221 de 2010.
Con todo, el descenso es generalizado durante el conjunto del pasado año y, según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, se debe principalmente al trabajo preventivo realizado por los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) de esta administración, encargados de mitigar los posibles factores de riesgo que rodean a un menor con el objetivo de evitar la separación de éste de su familia.
En 2010, estos ETF trabajaron con un total de 10.708 menores en Andalucía, lo que supone un cinco por ciento más que en 2009. Al atender a más población en riesgo (500 menores más), el número de casos que se han podido resolver sin tener que llegar a una situación de desamparo también ha sido mayor, de ahí el descenso del 8,4 por ciento en el número de tutelas retiradas por parte de la Junta. Además, el año pasado se pusieron en marcha dos nuevos Equipos de Tratamiento Familiar, llegando a los 143 ETF. En ellos trabajan más de 540 profesionales entre psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares.
Por provincias, es Málaga en la que se atendieron a más pequeños (2.556), seguida de Cádiz (2.262), Sevilla (1.399), Granada (1.366), Córdoba (1.142), Almería (851), Jaén (569) y Huelva (563).
TRABAJO EN FAMILIA
Entre las funciones de los ETF destaca la de mitigar los factores de riesgo con el objetivo de evitar la separación del menor de su familia, mediante una capacitación que permita proporcionar una correcta atención a los hijos e hijas, evitando una conducta negligente o de maltrato.
Además, estos equipos se ocupan de lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, de forma que los menores tengan la atención y los cuidados acordes con sus necesidades, así como de proporcionarles habilidades y recursos técnicos para que puedan superar una posible situación de crisis tras una separación de la pareja.
Las tipologías más habituales tratadas por los ETF son las de familias con carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas de los menores detectadas por los servicios sociales comunitarios, y los casos derivados por los servicios de protección al aparecer indicadores de riesgo que requieren un tratamiento específico. Estos equipos que coordina la Junta dependen de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos andaluces con más de 20.000 habitantes.
Este descenso fue especialmente significativo en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, donde el número de menores desamparados bajó hasta en más de 40 menores. Concretamente, en la provincia gaditana se decretaron 101 desamparos en 2010 (48 menos que en 2009), 197 en Sevilla (47 menos) y 218 en Málaga (42 menos).
También se produjeron menos situaciones de desamparos de menores en Huelva (14 menos), en Jaén (7) y Almería (2 menos). Por contra, en Córdoba se registraron cinco más que en 2009 y en Granada, un total de 41 más, pasando de los 180 decretados en 2009 a los 221 de 2010.
Con todo, el descenso es generalizado durante el conjunto del pasado año y, según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, se debe principalmente al trabajo preventivo realizado por los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) de esta administración, encargados de mitigar los posibles factores de riesgo que rodean a un menor con el objetivo de evitar la separación de éste de su familia.
En 2010, estos ETF trabajaron con un total de 10.708 menores en Andalucía, lo que supone un cinco por ciento más que en 2009. Al atender a más población en riesgo (500 menores más), el número de casos que se han podido resolver sin tener que llegar a una situación de desamparo también ha sido mayor, de ahí el descenso del 8,4 por ciento en el número de tutelas retiradas por parte de la Junta. Además, el año pasado se pusieron en marcha dos nuevos Equipos de Tratamiento Familiar, llegando a los 143 ETF. En ellos trabajan más de 540 profesionales entre psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares.
Por provincias, es Málaga en la que se atendieron a más pequeños (2.556), seguida de Cádiz (2.262), Sevilla (1.399), Granada (1.366), Córdoba (1.142), Almería (851), Jaén (569) y Huelva (563).
TRABAJO EN FAMILIA
Entre las funciones de los ETF destaca la de mitigar los factores de riesgo con el objetivo de evitar la separación del menor de su familia, mediante una capacitación que permita proporcionar una correcta atención a los hijos e hijas, evitando una conducta negligente o de maltrato.
Además, estos equipos se ocupan de lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, de forma que los menores tengan la atención y los cuidados acordes con sus necesidades, así como de proporcionarles habilidades y recursos técnicos para que puedan superar una posible situación de crisis tras una separación de la pareja.
Las tipologías más habituales tratadas por los ETF son las de familias con carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas de los menores detectadas por los servicios sociales comunitarios, y los casos derivados por los servicios de protección al aparecer indicadores de riesgo que requieren un tratamiento específico. Estos equipos que coordina la Junta dependen de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos andaluces con más de 20.000 habitantes.
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