La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han destapado un fraude en el IVA de 17 millones de euros en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania, en una operación en la que han sido detenidas 30 personas.
Según han informado este viernes ambas entidades, se trata de la desarticulación de una red cuyo líder residía en territorio germano, desde donde operaba y daba las directrices amparado en una identidad falsa para eludir la acción de la Justicia.
De hecho, le constaba una reclamación judicial para su ingreso en prisión así como otras 18 requisitorias judiciales por estar investigado en diversas causas relativas a tráfico de estupefacientes y fraude fiscal, entre otros delitos.
Fue detenido e ingresó en prisión en Alemania, a la espera de ser extraditado a España.
La operación, dirigida por la Fiscalía Europea, se ha desarrollado en 13 provincias españolas (Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León) y en Alemania, donde residía el líder de la organización.
Los agentes llevaron a cabo en Alemania dos registros -en el domicilio particular del líder y en una empresa de compraventa de vehículos controlada por este-, en tanto que en España se practicaron 15 -siete en domicilios de los principales líderes y en ocho empresas de compraventa de vehículos de lujo-.
Asimismo, se han bloqueado varias viviendas de lujo adquiridas con fondos del negocio criminal valoradas en más de 11 millones de euros, así como numerosos vehículos de alta gama, además de haberse intervenido 307.860 euros en efectivo, joyas y relojes de lujo.
También se han bloqueado muchos productos financieros –en España, Alemania, Portugal y Lituania- pertenecientes a las empresas que formaban todo el conglomerado empresarial necesario para cometer los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Introducían los vehículos mediante empresas denominadas 'missing trader'
La cúpula de la organización operaba desde Alemania y se encargaba de suministrar los vehículos a diferentes empresas de compraventa de coches situadas en España.
Estos vehículos eran distribuidos a través de dos ramas del entramado, encargadas de transportar y entregar los mismos en la zona de Levante, por un lado, y en Andalucía, concretamente en Córdoba y la Costa del Sol.
Finalmente, una tercera rama del grupo se encargaba de crear todo el entramado empresarial necesario para llevar a cabo el fraude fiscal así como el blanqueo de capitales.
El 'modus operandi' consistía en introducir los vehículos utilizando empresas denominadas 'missing trader', que incumplían la obligación de ingreso de IVA en la Hacienda española y acumularon una deuda tributaria superior a 17 millones de euros.
De este modo, los vehículos eran vendidos a un precio inferior al de mercado.
Para sus objetivos, la organización se valía de personas necesitadas de especial protección, que a cambio de alojamiento en diversos pisos francos de la red, eran utilizadas para que figuraran como administradores y socios de las empresas de la trama.
