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Loaiza anuncia la desaparición de la Oficina del Bicentenario

El presidente de la Diputación de Cádiz denuncia los ?gastos indebidos? que se han producido en la Institución Provincial durante la etapa socialista.

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  • Loaiza y Cabaña. -
El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza (PP), ha denunciado los “gastos indebidos” que se han producido en la Institución Provincial durante la etapa socialista, centrados principalmente en la Oficina del Bicentenario, una entidad “que va a desaparecer”, según ha dicho, porque “se ha usado para hacer oposición” a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP).

En rueda de prensa, Loaiza ha asegurado que la Diputación gaditana “no se encuentra en la UVI”, como muchos ayuntamientos, pero ha dicho que está “sequita” porque cuenta con un presupuesto ya consignado de 316 millones de euros, “de los que ya hay gastados 178” porque “se tienen que devolver 14 millones del PIE de 2008 y de la liquidación del 2009 otros 44 millones”, de lo que ha responsabilizado al PSOE “porque ha ingresado más de lo que le corresponde”.

Además, asegura que Diputación mantiene una deuda de 205 millones de euros con entidades bancarias y existen otros 650.000 euros de deudas sin reconocer, “sin consignación presupuestaria”, lo que les deja una capacidad de maniobra “muy corta”.

Pero Loaiza ha centrado principalmente su intervención en la Oficina del Bicentenario de la Diputación de Cádiz, que comenzó su andadura en 2008, “a pesar de que ya existía un órgano como el Consorcio del Bicentenario” para la promoción de la actividades relacionadas con la efeméride de la Constitución de 1812.

En este sentido, ha explicado que “como mínimo” la Oficina del Bicentenario, cuyo responsable era el socialista Federico Pérez Peralta, se gastará este año 338.000 euros, ya que sólo en facturas debe 81.000 euros.

Así, ha expuesto los “indebidos” gastos de esta oficina durante estos años en asuntos “que no tenían nada que ver con el Bicentenario”, y cuyos contratos, en algunas ocasiones, se han realizado “sin procedimiento administrativo y firmados por personal no autorizado”.

A modo de ejemplo, el presidente de la Diputación ha detallado los casi 30.000 euros dedicados a las actividades de los Jueves Flamencos, 22.500 euros para una exposición de la Fundación Largo Caballero, más de 15.400 euros para los premios Progreso del sindicato UGT, o los 133.645 euros gastados en la edición de un libro de hostelería sobre las recetas del Cádiz del Doce.

Además, ha destacado como “curioso” que la Oficina del Bicentenario haya gastado 3.540 euros en un estudio de los cetáceos. “Digo yo que llevarían el logotipo del Doce en el lomo”, ha ironizado.

Otros 2.500 euros, según ha agregado, fueron destinados a un club social de empleados municipales de Cádiz, pagar el viaje del cantaor flamenco El Cascarilla a Amberes o destinar dinero a diversas subvenciones a asociaciones de vecinos gaditanas.

En total, según Loaiza, hasta el momento la Oficina del Bicentenario de la Diputación se ha gastado un total de 2.562.000 euros, “un dinero de todos los gaditanos”, y un montante económico que, según ha recalcado, se ha usado “para hacer oposición” a la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, ya que en dicha oficina, según ha recordado, ha estado trabajando “sin trabajar” desde el 2008 hasta el 20 de junio de 2011 la que ha sido la candidata del PSOE a la alcaldía gaditana, Marta Meléndez.

Por ello, ha anunciado la disolución “lo antes posible” de la Oficina del Bicentenario y ha indicado que otros entes, como la Fundación Provincial de Cultura, se disolverán “si no sirven” aunque previamente los servicios jurídicos y técnicos estudiarán cada caso particular.

Finalmente, ha recalcado que todo lo anterior son gastos “indebidos” pero no “ilegales”, aunque ha puesto en duda que los procedimientos “hayan sido legales” y ha manifestado que la desaparición de la Oficina responde a la necesidad de reorganización de toda la Diputación, ya que se ha puesto encima de la mesa su desaparición “y tenemos que garantizar su supervivencia recortando los gastos corrientes y no en políticas sociales”.

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