El Gobierno de Mariano Rajoy va a estudiar el encaje legal de la decisión de la Junta de Andalucía de expropiar a los bancos el uso de las viviendas hasta un máximo de tres años para evitar el desahucio de sus inquilinos, pero ha avanzado que la respuesta a este drama social ha de ser "nacional".
Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre si el Gobierno se plantea recurrir ante el Tribunal Constitucional esa medida.
Gallardón ha comenzado dejando claro que aún no se tiene todavía conocimiento oficial de la iniciativa andaluza y que, por lo tanto, hasta que no esté "formalmente" aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, "lógicamente" el Ejecutivo sólo podrá tener "una actitud de estudio", que es en lo que está ahora.
Y ANALIZAR LOS HIPOTÉTICOS EFECTOS
"El Gobierno va a estudiar el encaje legal de esa medida y cuáles son sus hipotéticos efectos --ha aseverado el ministro--. Y lo vamos a hacer con toda la seriedad que merece el asunto y desde la consideración que es importante".
En todo caso, Gallardón ha recordado que en estos momentos el Gobierno y todos los grupos parlamentarios están "dando respuestas" a un problema "que viene de antiguo", pero que afecta a "muchos" españoles y que se ha "agravado" como consecuencia de la situación económica.
Según ha defendido, el Ejecutivo "desde luego" cree que la solución que se adopten para hacer frente a esta cuestión deben ser medidas con una cobertura legal y que afectan "a todos los ciudadanos españoles".
TODOS HAN DE TENER LOS MISMOS DERECHOS
"No creemos que éste sea un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde sólo aquellas comunidades que puedan o quieran abordarlo, sino que la respuesta debe ser para la totalidad de los ciudadanos españoles al margen de la autonomía en la que vivan", ha recalcado.
En el caso de que la iniciativa andaluza fuese legal, se le ha preguntado al titular de Justicia si el Gobierno se plantearía extenderla a todas las comunidades. A este respecto, Gallardón ha respondido que el Congreso está tramitando una respuesta "de carácter nacional, que afecte a todos". "Todos los españoles deben tener los mismos derechos y, por tanto, la respuesta que se dé a un problema que es nacional tiene que ser nacional", ha concluido.
