Antonio Al1barracín, exdirectivo de la consultora Vitalia Vida e imputado en la investigación que comanda la juez Mercedes Alaya sobre la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, está en libertad con cargos desde el pasado 23 de mayo tras haber depositado 600.000 euros en concepto de fianza, según ha informado a Europa Press Francisco Rubiales, abogado de Albarracín. Este exdirectivo estaba en prisión desde el pasado 21 de marzo, después de que la juez retomase la investigación y fuese desplegada la operación 'Heracles', saldada con 22 detenidos y que profundiza especialmente en la trama de las sobrecomisiones.
La juez Mercedes Alaya investiga como es sabido la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos. Las ayudas, ajenas a toda fiscalización y ni siquiera publicadas, habrían servido además para financiar la prejubilación ilegal de decenas de personas que figuraban en estos expedientes de regulación de empleo sin pertenecer a las empresas que promovía estas reestructuraciones laborales.
LAS SOBRECOMISIONES
Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. La juez Alaya, en ese sentido, sostiene que "la clave" de la trama reside en "las sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras" encargadas de los cálculos y aspectos técnicos de las citadas pólizas, porque de ellas "se surte cada interviniente" en la trama.
Como consecuencia de estos hechos, por cierto, figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero (de nuevo en prisión), los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla; Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas (también en prisión) y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, entre muchos otros.
EL PAPEL DE ALBARRACÍN
Antonio Albarracín fue directivo de Vitalia Vida entre 1995 y 2011, toda vez que ésta era una de las empresas que realizaban cálculos y gestiones para las pólizas de seguro de rentas asociadas a los expedientes de regulación de empleo a cambio de las correspondientes comisiones. El cobro supuestamente abusivo de estas comisiones, según la investigación, habría sido el canal ideado por la trama para el siempre presunto aprovechamiento ilícito del dinero público, pues las comisiones que cobraban estas empresas consultoras eran financiadas también con cargo a la Junta de Andalucía.
Antonio Albarracín, de cualquier modo, ha salido de la cárcel aproximadamente cuando lo hacía la también exdirectiva de Vitalia María Vaqué, quien como Albarracín había entrado en prisión por orden de la juez Alaya después de la operación Heracles. María Vaqué, del mismo modo, depositó 600.000 euros en concepto de fianza. La juez Mercedes Alaya, a la hora de ordenar el ingreso en prisión de Albarracín, consideraba que el mismo "pagó" 4.291.384,10 euros a "los entornos" de los sindicatos UGT y CCOO procedentes de las 'sobrecomisiones' "pactadas" con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación, entre otras cosas.
