Los 120 temporeros de nacionalidad búlgara que permanecen en una finca de Cartaya en espera de poder cobrar las mensualidades que el empresario AMRA, de Lepe, les adeuda de la campaña de la fresa que acaba de finalizar, han protagonizado este lunes una marcha a pié desde sus alojamientos en la misma finca en la que han trabajado desde el pasado mes de septiembre, hasta las puertas del Consistorio de la localidad lepera, donde han reclamado el dinero que les adeuda el empresario para poder volver a su país, lo que ahora mismo les es imposible.
La empresa para la que han trabajado se encuentra en la localidad de Cartaya, aunque tiene su sede social en Lepe, de modo que han decidido concentrarse ante el ayuntamiento para presionar para que se les pague lo adeudado, que son unos 250.000 euros en total.
Los trabajadores inmigrantes se concentraron ante el edificio principal del Ayuntamiento, esperando ser atendidos por el alcalde o representantes municipales, hasta que el primer teniente de alcalde lepero, Juan Manuel González (PP), recibió a una representación de ellos.
Por el momento el acuerdo entre temporeros y empresario parece imposible ya que los primeros siguen en su postura inicial de no regresar a Bulgaria hasta haber cobrado sus salarios, y el segundo asegura no poder hacer frente a la deuda en estos momentos por falta de liquidez.
Durante el encuentro, el Consistorio lepero se comprometió a mediar con Cruz Roja para que les acerque alimentos y “puedan vivir lo más dignamente posible”, así como se comprometió a mediar con la Embajada de Bulgaria en Madrid para que envíe a un mediador que pueda propiciar un acuerdo entre ambas partes.
Por el momento, el empresario lepero la única solución que ofrece a los temporeros es pagarles el viaje de vuelta y firmar un reconocimiento sobre la deuda, que satisfacería cuando obtuviese liquidez y poniendo para ello como garantía su propia finca. La propuesta no ha sido por el momento aceptada por los temporeros, que quieren cobrar antes de irse.
Finalmente, González informó que el propio Consistorio “puso a disposición” del colectivo un autobús para que regresasen desde Lepe hasta la finca de Cartaya en que se alojan, “porque están en malas condiciones tras varios días comiendo poco y porque además venían entre ellos mujeres embarazadas”.
Según confirmaron la pasada semana tanto el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, como el propio empresario lepero, la deuda contraída con los temporeros se sitúa en torno a los 250.000 euros.
Los temporeros han interpuesto ante la Guardia Civil un número indeterminado de denuncias, al tiempo que la Inspección de Trabajo visitó la pasada semana la finca en la que han trabajado, lo cual desembocó el viernes, según confirmaron el sábado fuentes de la Guardia Civil, en la detención del empresario lepero. Estas mismas fuentes revelaron que éste se acogió a su derecho a no declarar, siendo posteriormente puesto en libertad imputado por un delito contra el derecho de los trabajadores.
Finalmente destacar que durante estos días, voluntarios del comedor social Nuestra Señora de Consolación de Cartaya han acercado algo de comida a los temporeros. Y es que según subrayó Manuel Pérez, responsable de la obra social de la Hermandad de Consolación, de la que depende dicho comedor social, la situación de los temporeros es “desesperada”.
CCOO anima a los temporeros a demandar a la empresa
Por su parte, el secretario general del sindicato provincial de la Federación Agroalimentaria de CCOO Huelva, Hilario Vázquez, junto con el responsable del Área de Inmigración de CCOO Huelva, David Díaz, se han reunido con los temporeros para “conocer de primera mano la situación que están viviendo estas personas y asesorarlas en los pasos que deben dar para interponer una demanda de reclamación de cantidades” ante el impago por parte del empresario de los salarios que les adeuda.
Según expresó este lunes Hilario Vázquez en un comunicado “la vía que tienen estos trabajadores es interponer una demanda de reclamación de cantidades para, en caso de que la empresa se declarara insolvente, el pago de la deuda sea asumido por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)”.
Igualmente, Vázquez ha confirmado que la situación de impago por parte de Campos de Lepe “no se da sólo con los trabajadores temporeros” ya que según prosigue “la misma situación la están padeciendo trabajadores del almacén de manipulado que se han puesto en contacto con nosotros para informarnos de que la empresa tampoco les paga sus salarios”.
