El sindicato UGT ha presentado este martes una denuncia ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la situación de "alarma social" en la que se encuentran los 120 temporeros búlgaros retenidos en una finca de Cartaya por no haber cobrado sus salarios y no poder regresar a sus países de origen.
El secretario general de FITAG-UGT, Luciano Gómez, ha indicado que ha acudido a una asamblea con los trabajadores para comprobar cuál es la situación "y hemos visto que es algo dramático, porque están allí sin agua, sin luz, sin comida, en unas condiciones deplorables".
Ha señalado que el sindicato tuvo que evacuar ayer de la finca a una niña de 7 años que fue atendida en el centro de salud de Cartaya de un cuadro de diarrea, fiebre y desnutrición, "y hay personas adultas que beben agua no potable, sufren gastroenteritis, y están en una situación de emergencia social ante la que nadie debe permanecer indiferente".
"Las administraciones deben tomar conciencia de este caso y aplicar medidas urgentes", ha insistido Gómez, que ha indicado que, "se hacen incluso el pan con harina o levadura que les llevan, pero no tienen posibilidades de tener una alimentación decente".
Por este motivo, ha presentado una denuncia ante el SAS por el riesgo sanitario que sufren estos trabajadores, "porque es necesario hacer todo lo que conlleve paliar la situación de este colectivo".
El Ayuntamiento de Lepe, donde tiene la sede social la empresa propietaria de la finca de Cartaya, ha gestionado que la Cruz Roja se haga cargo de la alimentación y las necesidades básicas de estos inmigrantes, en su mayoría búlgaros.
