Los más de 100 temporeros de nacionalidad búlgara que permanecen en una finca de Cartaya a cuenta de los problemas que han tenido con el empresario para el que trabajaban, quien les adeuda "más de 180.000 euros, han anunciado que este lunes emprenderán acciones legales para solventar su situación de "extrema necesidad".

Después de la reunión mantenida este viernes en el Ayuntamiento de Lepe para abordar la situación precaria en la que se encuentran estos trabajadores búlgaros, y a la que asistieron responsables del Consistorio, el empresario en cuestión, el consejero laboral de la Embajada de Bulgaria, Raymond Saparev, y el secretario general del sindicato Fitag en Huelva, Luciano Gómez, los temporeros han decidido, junto con los abogados que el Colegio Profesional de Abogados de Huelva les ha proporcionado, "poner en marcha la maquinaria jurídica pertinente" para poner solución a su situación actual.

En declaraciones a Europa Press, Gómez ha expresado su satisfacción porque, "aunque el empresario no ha movido su posición, sí ha mostrado en la reunión un diálogo positivo y su intención de buscar recursos económicos para sacar la finca adelante, valorada en tres millones de euros, y acabar con la situación de extrema necesidad en la que se encuentran los trabajadores, que continúan acampados en sus instalaciones".

No obstante, ha lamentado que no se haya acordado una solución concreta para llevar a cabo una "actuación necesaria y urgente por parte de las administraciones para atender de inmediato a los temporeros, que se encuentran en una situación de extrema necesidad por falta de recursos básicos".

En cuanto a la embajada búlgara, Gómez ha trasladado la "decepción" de los trabajadores, quienes se han visto "totalmente desamparados" por sus compatriotas que "deberían apoyarlos y defenderlos en su empeño de conseguir una solución urgente, ya que no pueden regresar a Bulgaria porque carecen de recursos para ello y, de ser repatriados, estarían igualmente en penosas condiciones, pues la empresa les debe más de 180.000 euros".

Luciano Gómez ha hecho hincapié en que las administraciones "deberían implicarse en la atención de estas personas por el buen nombre de España y por tratarse de una emergencia social".

Cabe recordar que estos trabajadores han cobrado desde octubre una media de 499 euros y actualmente "carecen de recursos para seguir adelante", ya que la empresa "les debe más de 180.000 euros". Asimismo, considera que "si el empresario pretende devolverlos a su país, que lo haga no sin antes haberles pagado todo el dinero que les debe", ha concluido.