La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tomará declaración como imputado este jueves a Manuel Gómez Martínez, que fue interventor general de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010 y que, según ha defendido una y otra vez, advirtió hasta en 15 ocasiones de la utilización inadecuada de las transferencias de financiación.
En un auto dictado a principios de mes, la magistrada Mercedes Alaya imputó tanto al ex interventor general como a otros 19 cargos o ex altos cargos de la Junta, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez.
La Junta decidió recurrir este auto directamente ante la Audiencia Provincial de Sevilla y pidió a la juez que suspendiera la declaración del ex interventor hasta en tanto en cuanto no se resolviera su recurso, pero la magistrada rechazó suspender la comparecencia en un auto en el que criticó a la Junta por mantener una posición "más propia de una defensa que de una acusación particular, lo cual llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta".
En su comparecencia, el ex interventor estará asistido por el actual presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Rebollo. Hay que recordar que Manuel Gómez ha solicitado a la Junta que le pague el abogado, una solicitud sobre la que la Administración aún no se ha pronunciado en espera de que la Audiencia resuelva su recurso.
En su intervención en agosto de 2012 ante la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía sobre las irregularidades detectadas en los ERE, el ex interventor aseguró que las consejerías de Empleo, Innovación o Hacienda debieron "tomar medidas" cuando la Intervención General le remitió el informe en el que este órgano detectó "graves deficiencias" en el procedimiento de gestión de las ayudas.
En este sentido, subrayó que esta Administración, por "sentido común", debió "tomar medidas" al respecto porque, según ejemplificó de una forma muy gráfica, "sería como si el vecino te avisa de que al extractor de tu cocina le salen llamas" y, en lugar de llamar a los bomberos, "esperas a que el vecino te lo confirme por correo electrónico".
Con todo, Gómez insistió en la "legalidad" del marco general en el que se han aprobado los ERE y las ayudas sociolaborales a empresas y a individuales, ya que no solo fue "respaldado en el presupuesto de la Junta de Andalucía, que es el principal instrumento de legalidad de financiación de la Administración autonómica", sino que, además, "todas las cuentas generales de la Junta son de general conocimiento y están a disposición de cualquier ciudadano en Internet desde 2001".
Así pues, lo que Gómez reconoció es que, siendo este marco general "legal", lo que ocurrió es que en las transferencias de financiación del IFA se produjeron "errores, incumplimientos y deficiencias" que, en todos los casos, "son atribuibles a la Consejería de Empleo", y de lo que alertó hasta en 15 ocasiones.
Según Gómez, "todos" estos informes fueron remitidos a la entidad fiscalizada, es decir, al IFA, y ello a pesar "de que la normativa vigente no prevé qué debe hacer el interventor cuando detecta deficiencias" en una entidad como esta. Además, puntualizó que, en el caso de la referida auditoría de 2003, ésta se remitió también "de forma excepcional" por las anomalías detectadas, a la Consejería de Empleo, de la que dependía en aquel momento.
"Este documento no fue, pues, una nota de observación, ni un comentario de salón, fue un informe anexo" y fue señal, a su juicio, de la "importancia" que la Intervención General dio a este "hecho excepcional" aún sin constatar en él "menoscabo o fraude de fondos públicos".
"Otra cosa es si el destinatario le dio la misma importancia", lamentó tras recalcar que el "informe definitivo y completo", aunque "no vinculante", fue "elevado a sus destinatarios legales: a la entidad auditada, a la Consejería de Innovación, a la de Hacienda y también a Empleo", administraciones que, en su opinión, deberían haberle dado "importancia al contenido" de la auditoría y verse así "obligadas a tomar medidas". E insistió: "Quienes tenían que haber tomado las decisiones no las tomaron. Ahora no pueden quejarse de que no fueron advertidos".
