Durante muchos meses la Apdha ha “exigido su inmediato cese por la nefasta actuación que esta Oficina, bajo el directo control de la jefa saliente, ha desarrollado en su trato con las personas extranjeras de nuestra provincia”.
Añaden que desde el punto de vista administrativo, “puede tener a gala haber duplicado el plazo de tramitación de los expedientes administrativos y que se hayan generado notables colas en la atención a los inmigrantes. Desde el punto de vista de aplicación de la legalidad, su actuación ha estado presidida por planteamientos radicados en el desconocimiento de la igual dignidad de los seres humanos”.
La tendencia “hiperrestrictiva a la hora de resolver los expedientes ha llevado a judicializar la relación entre los extranjeros y la Subdelegación del Gobierno”.
“Durante este período los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz se han visto colapsados por centenares de casos en los que, en su gran mayoría, los jueces le han enmendado la plana a la Subdelegación” denuncian.
“Los permisos de residencia para progenitores de niños de nacionalidad española, la imposibilidad de expulsar a estos progenitores, la sustitución de expulsiones por la sanción de multa o la deficiente aplicación del principio de presunción de inocencia han sido sólo algunos ejemplos en los que los jueces, una y otra vez, han rectificado la actuación de esa Jefatura”, señalan desde la Apdha.
