El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto-ley de Inclusión Social a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad, que beneficiará a más de 160.000 personas, una norma que destinará unos recursos adicionales de más de 64 millones a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente la personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y las familias con todos sus miembros en paro.
Así lo ha anunciado en la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que esta nueva iniciativa de inclusión social del Gobierno andaluz se suma, hasta alcanzar los 158 millones de euros, a otras como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión o las ayudas económicas familiares.
La norma se aglutina en torno a tres planes: el de Inserción a través del Empleo, el Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Extraordinario de Garantía Alimentaria. El Gobierno andaluz defiende que la principal medida de integración e inserción social es el empleo; que es necesario introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y también asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión, especialmente personas mayores y menores.
Sánchez Rubio, que ha destacado que el Gobierno andaluz no tiene la fórmula para resolver de manera definitiva este problema, sí que ha querido dejar claro que la administración andaluza se sitúa "al lado de la gente". Ha explicado que este decreto va en la línea de promover la inclusión social a través del fomento del empleo. "Las personas no quieren ayudas, sino un puesto de trabajo para salir de ese círculo de exclusión social en el que se encuentran", ha añadido.
El Plan de Inclusión a través del Empleo, que cuenta con un presupuesto de 42 millones, recoge un Programa Extraordinario de Ayudas a la Contratación a través de los ayuntamientos. A esta iniciativa, que tiene previsto más de 25.000 contratos, con una duración de entre 15 días y tres meses, tendrán acceso además las personas sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social. Las ayudas se distribuirán entre los municipios de manera proporcional al número de personas en paro.
800 CONTRATOS VINCULADOS AL SALARIO SOCIAL
El Decreto Ley incluye como novedad la posibilidad que las personas perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad, conocido como salario social, se reincorporen al mercado laboral. A partir de ahora, estos podrán ser contratados, durante un máximo de seis meses a jornada completa, por empresas de economía social y de inserción, a las que la Junta concederá hasta 2.500 euros por trabajador. La medida está dotada con dos millones y, según la consejera, la previsión está en la firma de unos 800 contratos.
Sánchez Rubio ha indicado que el perfil de las personas que reciben el salario social ha cambiado en los últimos años y que cada vez son más las que tienen "cualificación", por lo que se hace más fácil su incorporación en el mercado laboral. Sobre este salario, también ha considerado necesario modificar el decreto que lo regula para adaptar esta ayuda a la situación real.
Por otra parte, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía, con un presupuesto de 11 millones, incluye un Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, y la ampliación de las ayudas económicas familiares.
Con respecto al primero, se trata de nuevas prestaciones a gestionar por los ayuntamientos y destinadas a familias más vulnerables para sufragar suministros básicos (agua y luz); el equipamiento esencial de vivienda, como muebles o reparaciones; necesidades urgentes de alimentación y vestido, o el pago del alquiler. Las entidades locales recibirán de la Junta entre 3.900 y 52.000 euros en función del número de desempleados del municipio. El programa está dotado con 6,5 millones.
Asimismo, el Decreto Ley de Inclusión aprobado amplía de 1,4 a 5,9 millones la dotación de las Ayudas Económicas Familiares. Estas prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. El objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social en las familias andaluzas.
MÁS DE 20.000 ESCOLARES RECIBIRÁN TRES COMIDAS DIARIAS
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales destinará 11 millones de euros en 2014 al Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria. Esta iniciativa garantiza a los colectivos menores y personas mayores más vulnerables el acceso a la alimentación.
La Junta prevé que este año sean más de 20.000 escolares los que reciban tres comidas diarias en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria. Además, durante el periodo vacacional volverán a funcionar las escuelas de verano, que el año pasado atendieron a 4.500 menores y que, según ha apuntado la consejera, "este año se podría incrementar el número".
Por su parte, los mayores andaluces se beneficiarán del refuerzo del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa, con una previsión de 120.000 comidas diarias para más de 3.500 usuarios, y del 'catering' a domicilio.
Este plan promoverá la concienciación social y las prácticas de consumo responsable, impulsará el voluntariado y apoyará a los integrantes de la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía y a las entidades locales.
Además, como novedad está prevista la creación de un Banco de Prácticas Innovadoras que permita compartir experiencias. El Decreto Ley incluye fórmulas de seguimiento y evaluación del impacto de la crisis en la población andaluza y de sus propias medidas.
Finalmente, la consejera del ramo ha hecho un llamamiento a las distintas administraciones para que se esfuercen en la puesta en marcha de este decreto, un esfuerzo que supondrá "mejores resultados". "Confrontar en este tema de vital de importancia es un absurdo. Si las administraciones no trabajamos juntas, mucha gente quedará sola y a su suerte", ha concluido.
