El Gobierno de la Nación ha expresado "discrepancias" con varios apartados del Decreto-Ley aprobado el pasado mes de mayo por la Junta para regular la aplicación de la reforma local nacional y ha acordado crear un grupo de trabajo con el Ejecutivo andaluz que se encargue de proponer una solución que evite la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).
Así lo recoge un acuerdo adoptado el pasado 30 de julio por la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía y suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.
Según dicho acuerdo, consultado por Europa Press, el Gobierno mantiene "discrepancias" con los apartados 2, 3 y 4 del artículo 2, que establece excepciones a la necesidad de solicitar informes por parte de las entidades locales de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, que regula los mecanismos para la adaptación de convenios, acuerdos e instrumentos de cooperación en que se financien distintas de las propias y de las delegadas.
Ante dichas "discrepancias", ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".
Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, justificó el pasado 20 de mayo la aprobación del Decreto-Ley para "blindar las competencias de los ayuntamientos frente a la reforma de la Administración local emprendida por el Gobierno central, de forma que se salvaguarde el amplio autogobierno que la legislación autonómica garantiza a los municipios, frente a la recentralización planteada por el Estado".
Por su parte, el ministro Cristóbal Montoro calificó ese mismo día como "innecesario" el Decreto-Ley de la Junta para "blindar" competencias de los municipios porque, a su juicio, "no hace ninguna falta" toda vez que las competencias de las administraciones locales están definidas por ley estatal.
