Da comienzo la segunda Comisión Especial de Investigación hacia el anterior equipo de Gobierno

El pasado jueves, en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Bollullos comenzaba la segunda de las Comisiones Especiales de Investigación que puso en Marcha el Equipo de Gobierno Municipal, tras su llegada al ayuntamiento de la ciudad en Junio pasado, después de la moción de censura presentada por el PP e IUCA. En este caso se trata de investigar las irregularidades cometidas por el gobierno socialista de Carlos Sánchez en los terrenos particulares donde se construyó en 2007 el nuevo recinto Ferial de la localidad, según las primeras estimaciones, saltándose a la torera todas la legalidades urbanas pertinentes en un ayuntamiento democrático.
A esta primera sesión, que tendrá su continuidad el próximo jueves, acudieron dos miembros del Partido Popular, tres del grupo no adscrito, además del alcalde y la secretaria de la institución municipal.
Se citó en primer lugar a la gerente de Bubulca, Dª. Luisa Iglesias, que respondió, a instancias del portavoz popular, Francisco Martín, que recibió la orden por parte del entonces alcalde Carlos Sánchez, de realizar un convenio con los propietarios del suelo para la permuta de terrenos (que hasta la fecha no se han llevado a cabo), por los que serían de propiedad municipal en un futuro tras la puesta en valor del suelo de lo que sería el Polígono Agroalimentario, que tampoco llegó a hacerse efectivo, ya que no se puso en marcha la necesaria revisión del PGOU.
El portavoz del grupo no adscrito, Sergio Rosado, puntualizó que en uno de los convenios o acuerdos con los propietarios se reflejaba que dicha permuta se llevaría a acabo en el 2º semestre de 2007, una vez revisado el Plan de Ordenación Urbana, a lo que la Gerente de Bubulca respondió que se trataba de un compromiso tras el que se llegaría mas tarde a uno definitivo, y si éste no tenía lugar, a un acuerdo de compra.
A continuación el popular Francisco Marín, mostró un escrito remitido por la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que instaba al ayuntamiento a presentar los pertinentes informes técnicos y licencias de actuación en suelo rústico o de lo contrario tendrían que intervenir para que los terrenos volvieran a pasar a los propietarios originarios. Martín señaló que, una vez mas este Equipo de Gobierno tendría que reconducir la situación para paliar en lo posible esta barbaridad urbanística cometida por los socialistas.
Asimismo acudió a la citación previa de la Comisión, la Asesora Jurídica del Ayuntamiento Dª. Fabiola Rosado, que certificó la ausencia de expediente alguno de contratación, a lo que el portavoz del PP añadió que se le dio la obra a una empresa de Jaén sin licitación y con los informes en contra de los técnicos del ayuntamiento. Una empresa que viene a exigir en torno a los 800.000 euros, que no se les ha abonado, y que no había presentado ninguna factura hasta la llegada al ayuntamiento del nuevo Equipo de Gobierno
Por su parte Sergio Rosado comentó que IUCA solicitó en su día un informe jurídico sobre las obras realizadas en el recinto ferial, en el que se especifica que la responsabilidad de estas irregularidades no recae solo en el entonces alcalde, sino también en la Junta Local de Gobierno, por lo que son responsables el resto de concejales que formaban aquel Gobierno en 2007. Leyó asimismo un informe en el que la Junta de Andalucía insta al ayuntamiento bollullero a restaurar la legalidad urbanística y a tramitar el procedimiento sancionador, si no vuelven los terrenos a su punto originario. Resulta paradójico que, sería el propio ayuntamiento el que tendría que tramitar un procedimiento sancionador así mismo.
Francisco Martín resaltó el hecho de que este tipo de actuaciones fuera de la legalidad, ha limitado a esta ciudad a la hora de recibir subvenciones para este tipo de recintos, al no tener en regla ni la propiedad del suelo, ni licencias ni los informes técnicos pertinentes. Y fue mas lejos, al acusar a la propia Junta de no haber intervenido en su momento para la paralización de las obras, tras haber enviado la propia Junta, informes en contra de la barbaridad urbanística cometida.
Se citó asimismo a la Secretaria Municipal, ala que se pidió información sobre los hechos acontecidos. La Secretaria comentó a groso modo el informe que redactó en 2006 en el que se constataba que en suelo no urbanizable no se puede construir y que para llevar a cabo una permuta de terrenos habría que hacer un expediente en el que se acredite su necesidad y donde se depure las distintas acreditaciones, como las escrituras de los terrenos de ambas partes, que no existían, algo que hacía inviable dicha permuta.