La Universidad de Sevilla (US) se ha pronunciado respecto a la investigación abierta por la Fiscalía Superior de Andalucía en relación al consejero de Economía y Conocimiento de la Junta y ex rector de la Hispalense, Antonio Ramírez de Arellano, tras ser denunciado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) por presunta prevaricación cometida cuando era vicerrector de Infraestructuras en relación a la adjudicación de las obras del Centro de Transferencia e Investigación (Centrius) que se construye en la Isla de la Cartuja.
Las fuentes consultadas por Europa Press han indicado al respecto que Ramírez de Arellano ha sido denunciado por un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, añadiendo que será en los primeros días de octubre cuando la Fiscalía emita un dictamen al respecto.
Frente a ello, la sede académica ha manifestado en un comunicado que, a su juicio, la denuncia del Colegio de Arquitectos "tergiversa de forma deliberada datos y confunde fechas con el fin de sembrar dudas sobre la legalidad de los expedientes de este edificio".
El objeto de la denuncia, recuerda la US, es un conjunto de expedientes y contratos de la universidad de los años 2008 y 2009, de los que la Fiscalía ha recibido en 2015 una denuncia de dicho colegio. La Hispalense, en este sentido, se ha puesto a disposición de la Fiscalía para suministrar toda la información disponible y cuantos detalles sean necesarios para aclarar el objeto de la denuncia del COAS.
Así, subraya la institución que el procedimiento de contratación objeto de denuncia tuvo la oportuna publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado, fue "absolutamente transparente" y contó con la participación de unas 40 empresas, "sin que hubiera reclamaciones anteriores ni posteriores".
CONFUSIÓN "INTENCIONADA" ENTRE PROCEDIMIENTOS
La US considera que ha actuado en todo momento conforme a derecho, ateniéndose siempre a las normas vigentes y a las disponibilidades económicas. Asimismo, lamenta "profundamente" que "de manera intencionada" se confundan procedimientos administrativos con actuaciones que pudieran derivar en consecuencias penales.
"Resulta llamativo que el Colegio de Arquitectos de Sevilla utilice la denuncia ante la Fiscalía cuando al mismo tiempo, y por los mismos hechos, ha acudido a la vía Contencioso-Administrativa", añade la US, explicando a continuación que en 2009 el organismo colegiado sometió a la consideración del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 la presunta comisión de un delito de prevaricación por los mismos hechos, petición que desestimó el tribunal, junto a otras pretensiones sobre nulidades de procedimiento de adjudicación, indemnizaciones y dirección de obras, con expresa imposición de costas al COAS.
Tras esta resolución, el Colegio de Arquitectos procedió en 2015 a interponer nuevo recurso contencioso-administrativo en el que, previo requerimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla, ha quedado concretado su objeto a la impugnación de la adjudicación de los contratos del Centrius.
La US entiende que la Fiscalía "tiene la obligación legal de interesarse por esta denuncia, al igual que es deber de la US colaborar con la Justicia, de forma activa y con total transparencia, para aclarar los hechos: confiamos en que, una vez practicadas las diligencias oportunas, la denuncia no siga adelante y sea archivada".
