Ya en la introducción de este trabajo, los autodenominados bicicleteros sacan los colores a la propuesta municipal, argumentando una “contradicción” de partida en el planeamiento. Así, reprochan que formalmente se abogue por la sostenibilidad y por el respeto al medio ambiente, mientras que en la práctica el Plan “está orientado al fomento del automóvil privado” mediante nuevos aparcamientos y la construcción del segundo puente. Una infraestructura, esta última, que, a juicio de la entidad, conllevará un “efecto llamada” y, en consecuencia, el aumento de coches.
En palabras de Abel Medina, miembro de la asamblea, el Consistorio “le da más importancia a las apariencias que a las cosas de verdad”. En este sentido, advierte de un “exceso de palabrería” contemplado en el preámbulo del PGOU que, en su opinión, no corresponde con la realidad.
Y la prueba más evidente de esta situación estriba, según la asociación, en el trazado diseñado para el uso y disfrute de la bicicleta en la ciudad. Un recorrido “que parece sacado de nuestra página web”, señala Medina. Pero que luego “no se especifica cómo va a discurrir” y se deja, en la mayoría de los casos, a expensas del posterior desarrollo de las unidades de actuación donde se localizan.
Por eso los bicicleteros no se fían. Por eso y porque lo reflejado en el documento ya de por sí no les satisface en absoluto. De hecho, en sus alegaciones denuncian la presencia de multitud de puntos negros a lo largo de todo el itinerario previsto por el Gobierno local, como resultado de la falta de visibilidad, de la existencia de obstáculos en el camino (farolas, paneles de publicidad...), de la falta de espacio, etcétera.
acera en vez de carril
Sin embargo, la principal queja del colectivo tiene que ver con el modelo escogido para este circuito, donde prima por lo general la acera bici sobre el carril bici. Esta fórmula consiste en pintar dos líneas paralelas en el suelo para que entre ellas transiten los usuarios de la bicicleta. Y se introduce a costa del peatón. El ejemplo más conocido --y criticado-- se encuentra en la Avenida Juan Carlos I.
Dicha política no supone por tanto, a ojos de la asamblea, un avance hacia la movilidad sostenible. Más bien, al contrario, significa la “renuncia institucional” a limitar el empleo del automóvil. Una postura que tildan de “ineficaz” y que rechazan abiertamente: “No podemos conformarnos con una serie de tramos deslavazados que nacen y terminan en ninguna parte”, reza el escrito.
Por otro lado, las alegaciones se completan con un conjunto de peticiones dirigidas a potenciar una infraestructura “mínima” que favorezca el uso de este medio de transporte. Entre ellas destacan la puesta en marcha de un servicio de alquiler de bicicletas gestionado por las autoridades municipales, el acondicionamiento de “una red racional de buenos aparcabicis” o una apuesta más activa por la peatonalización y por el concepto de tráfico calmado (también recogido en el PGOU).
Todo ello con un objetivo central: “acabar con el mito de que las bicicletas son para el paseo o el deporte” y fomentar su utilización como una alternativa de desplazamiento más sana y menos contaminante.
el detalle
La aplicación de la propuesta de los ‘bicicleteros’ conllevaría inevitablemente la supresión de numerosas plazas de aparcamiento en la ciudad. Ellos lo saben y son conscientes del rechazo social que, en un principio, podría concitar el establecimiento de su planteamiento. Pero alegan en su defensa los beneficios que, a medio y largo plazo, acarrearía. La asamblea apela a las ventajas de un medio de transporte que es el “más civilizado de todos”, ya que no contamina, no ocupa mucho lugar, mejora la salud de quien pedalea y evita la dependencia energética con países productores de petróleo. Asimismo, la asociación sostiene que su reivindicación se hace más urgente, si cabe, en esta coyuntura de crisis financiera y ecológica. Además, su reducido tamaño y peculiaridades orográficas hacen de Cádiz una ciudad muy propicia para instalar “una red elemental de carriles bicis”, esgrimen,
Por todos estos motivos, el colectivo exige al Ayuntamiento “valentía” y le pide que siga el ejemplo de otros municipios andaluces -como Sevilla y Córdoba- y esté “a la altura de las exigencias sociales, económicas y medioambientales del siglo XXI”. “Esperemos que los responsables municipales no se queden miopes ante esta realidad”, concluyen.
